Los conflictos sociales y polÃticos por las prisas y urgencias en el despliegue de las renovables empiezan a replicarse por toda España. Son cada vez más los territorios que se resisten a ser "sacrificados" para poder garantizar las metas trazadas en la hoja de ruta de la transición energética.
LPO viene haciéndose eco de muchas revueltas y reclamos, como el de la población de Cáceres, en pie de guerra ante la posibilidad de que se construya una mina de litio a dos kilómetros del casco histórico, o la de Teruel, que rechaza la instalación de 20 parques eólicos en las comarcas del Maestrazgo, una zona de mucha sensibilidad ambiental.
La bronca, ahora, llega desde AndalucÃa. 70 municipios, entre ellos los de AlmerÃa, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, promueven la regulación de una "moratoria" para los megaproyectos de energÃas renovables hasta la aprobación del Plan de Transición Energética en AndalucÃa.
Exigen, al cabo, paralizar todos los expedientes que se están tramitando, con la excepción de "las pequeñas instalaciones renovables de menos de 5 megawatios vinculadas al autoconsumo y a proyectos de energÃa comunitaria".
AndalucÃa tiene 500 proyectos en vÃa de ser autorizados que ocuparán un total de 65 mil hectáreas. A juicio de estos municipios es necesario "un proceso planificado y racional".
Piden "evitar o minimizar los impactos sociales y ambientales en el entorno, evitar los movimientos especulativos en el sector, garantizar la adecuada protección de los ecosistemas y amparar el derecho de la ciudadanÃa al acceso a las redes, para poner en marcha instalaciones ligadas al autoconsumo y a las comunidades energéticas".
La "burbuja" y la "desregulación" es tal, que empiezan a multiplicarse las denuncias de "expropiación forzosas" de tierra: dueños de terrenos que, acuerdo entre los inversores y los Estados locales mediante, son obligados a vender para instalar estas infraestructuras verdes.
¿Estos megraproyectos benefician a los andaluces y andaluzas?, preguntó en el último pleno la diputada de Adelante AndalucÃa, Maribel Mora. Y respondió: "En verdad no. Se benefician los de siempre, los grandes fondos de inversión y a las grandes empresas. El PP repite que vamos a ganar en soberanÃa energética, lo que es falso. Ni vamos a tener energÃa para nuestras industrias ni vamos a tener la luz más barata. No es más que ahondar en el modelo extractivista en el que vendemos nuestros recursos naturales".
"No solo eso -continuó- también se está extorsionando a los propietarios de las tierras con amenazas de que se les van a expropiar. Es una barbaridad, pero es lo que se está haciendo. Y otra consecuencias son las expropiaciones automáticas. Esto está pasando". Y concluyó: "Si cedemos nuestros territorios y nuestra forma de vida lo lógico serÃa que lo hiciéremos en nuestro beneficio".
La ultraderecha, para sorpresa de muchos, también se sumó a la crÃtica. La parlamentaria de Vox Purificación Fernández reconoció que una "mala regulación" de estos proyectos puede causar "consecuencias irreparables" para los terrenos municipales y espacios naturales. "El Gobierno va de abanderado de la regulación verde y, en cambio, acepten estos megaproyectos que tienen un impacto para la agricultura y los espacios naturales", cuestionó.
El reclamo, sin embargo, transformado en proposición de ley, quedó sin traducción polÃtica al ser tumbado por el PP, que dispone mayorÃa absoluta en esta Comunidad Autónoma.
Moreno justificó el rechazo en que la porción de espacio fÃsico que ocupan las instalaciones de energÃas renovables no llega "ni al 1% del territorio" y que los últimos 12.584 megawatios autorizados por el Gobierno traerán consigo la creación de 30.000 empleos.
El lÃder de la Junta defendió "la revolución verde en AndalucÃa" tras declararse "muy orgullosos" de que el 55% de la producción eléctrica de la CCAA se hace "con energÃas limpias". Y pidió "sentido común a los grupos que han pedido una revolución verde". "Cuando damos pasos con las energÃas verdes y somos lÃderes también ponen pegas, qué queremos entonces", lanzó.
Mismos reclamos en otras CCAA
En Castilla La Mancha, alcaldes y organizaciones sociales se congregaron para denunciar la modificación de la legislación que permite la instalación por la vÃa rápida de numerosos proyectos a gran escala de energÃas renovables.
"Ahora mismo tenemos 12 proyectos y ahora mismo acaba de entrar uno más. Afecta muchÃsimo. El núcleo urbano está rodeado de placas fotovoltaicas. Estamos a favor de la lÃnea verde, pero no a cualquier precio", planteo Milagros del Barrio, alcaldesa de Esquivias (Toledo).
En Extremadura, la que levantó la voz fue Irene de Miguel, diputada y portavoz de Unidas Podemos. "Transición energética basada en las renovables, sÃ. Pero con justicia social, con equilibrio territorial y con soberanÃa local. La transición energética en manos del gran oligopolio, en manos de Iberdrola, Repsolo, Endesa y Cepsa, es caer en un error mayúsculo, es de nuevo regalar nuestros recursos como si de una colonia se tratara, seguir sometidos para seguir beneficiando al mercado eléctrico en vez de beneficiar a la ciudadanÃa extremeña. Nos vamos a encontrar que los propios lÃmites de la naturaleza, porque los minerales no son infinitos, porque el agua no es infinita, no van a poder satisfacer la demanda mundial
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