Teruel es testigo del primer gran conflicto por el despliegue masivo de las renovables, un objetivo que tanto España como Europa han trazado ante la necesidad de acelerar la transición energética.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico entregó la autorización medioambiental a Forestalia -grupo empresarial dedicado a la energía verde- para montar un megaparque eólico al sureste de Teruel.
El aval ambiental permite la construcción de 20 parques eólicos (125 aerogeneradores y 2 plantas solares) en las comarcas del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre. La cartera que dirige Teresa Ribera vetó parte del proyecto presentado por la compañía, que incluía 22 parques y un total de 161 molinos, por su incompatibilidad ambiental y paisajística.
Para Teruel Existe -fuerza parlamentaria- y España Vaciada, movimiento social y político que agrupa cientos de colectivos rurales- el recorte que hizo el Ministerio es "insuficiente". Denuncian que el Gobierno se saltó todas "sus líneas rojas" en la preservación de la biodiversidad al autorizar este enorme infraestructura renovable.
La polémica, al cabo, tiene un conflicto político de fondo, un choque de posturas en torno a cómo planificar el masivo despliegue de las renovables. Tal como adelantó LPO, la puja entre "conservación" (transición energética lenta que preserve los territorios) y "desarrollo" (despliegue rápido y masivo de los proyectos industriales verdes) empieza a generar chispas en muchas administraciones.
Semanas atrás, más de 500 científicos y académicos españoles firmaron una carta remitida a Bruselas para que la UE no flexibilice los controles medioambientales de las renovables. "No se puede proteger un bien dañando otro. La implantación de las energías renovables puede llevarse a cabo sin poner en peligro la biodiversidad", sostienen.
El reglamento de urgencia que presentó la Comisión Europea -que no contempla ninguna evaluación de impactos- ya logró el visto bueno de la Eurocámara, por lo que se encamina a su aplicación (resta la aprobación de los 27 países en el Consejo Europeo).
La última versión del plan tiene una exigencia que España defendió en las negociaciones: que la Red Natura 2000, una lista de parajes europeos preservados por su valor medioambiental, quede protegida y exenta de este masivo despliegue de las renovables.
Esta "línea roja" es la que, justamente, según denuncia la formación que lidera Tomás Guitarte, es la que acaba de saltarse Ribera con esta última autorización medioambiental.
La protesta es porque 84 de los 125 aerogeneradores aprobados están en la Red Natura 2000. Y 91 de ellas en una zona definida de "Sensibilidad Ambiental Máxima" y "no recomendada" en el propio mapa eólico del Ministerio de Transición Ecológica.
"Es inaudito, esta manera de proceder contradice las recientes declaraciones de la ministra Rivera en el sentido de que se iban a salvaguardar los espacios de la Red Natura 2000 en la implantación de las energías renovables. No hay evaluación ambiental, ni información pública, ni alegaciones", lamentó Teruel Existe en un comunicado de prensa: "Es la mayor agresión ambiental a la provincia con las renovables".
A entender de esta formación, el Ejecutivo nacional "no respeta la Ley del Cambio Climático, ni el mapa de sensibilidad del Ministerio, ni la RED Natura, no respetan nada y así se arrasará con todo en esta Transición que no es ecológica, ni sostenible, ni eficiente".
El comunicado concluye con una fuerte acusación: "La especulación que está sufriendo la España vaciada es inaudita e inaceptable, nos están tratando como el África de Europa destrozando el futuro de muchas zonas".
Para Mariano Tomás, del grupo de Energía y Medioambiente de la agrupación, que el Ministerio haya "quitado dos parques" es casi anecdótico, ya que los otro veinte "están rodeados de zonas de especial protección para las aves". "Son dos agresiones medioambientales que el propio gobierno se había marcado como líneas rojas han sido unilateralmente cambiadas", sintetizó.
La polémica autorización de impacto ambiental llegó a un mes de que expirar el plazo máximo para superar este trámite, situación que mantenía en vilo a Forestalia. Se calcula que la obtención de la autorización administrativa y de construcción se va a alargar hasta mediados del 2023. Los parques podrían estar construidos recién en 2024.
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