El conflicto por los extensión de los regadíos ha puesto a Doñana, uno de los humedales más importantes del mundo, lugar emblemático de la geografía española y la joya de la corona de la biodiversidad de toda Europa occidental, en el centro del debate político.
La semana pasada, tras un muy crispado tire y afloje, la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, llegaron finalmente a un acuerdo para suspender la proposición de ley para ampliar los regadíos y sobreexplotar aún más unos acuíferos muy dañados, por condiciones naturales (sequía) y, sobre todo, por el brazo humano: agricultura intensiva desregulada y proliferación de pozos ilegales para poder producir más y más.
Pero el agua no es el único recurso codiciado de los subsuelos de Doñana. El gas ha sido -y sigue siendo- otro bien preciado de extracción y almacenamiento. Durante décadas, en pleno auge de los combustibles fósiles, España autorizó y fomentó esta industria.
Los yacimientos se agotaron. Sin embargo, el gas sigue almacenado en uno de los espacios naturales más valiosos y frágiles de la península ibérica, con un sinfín de "riesgos e impactos", como advierte Juanjo Carmona, portavoz de la ONG WWF.
A diferencia de la insostenible sobreexplotación del agua, el almacenamiento de gas en Doñana está "totalmente naturalizado", denuncian las organizaciones ecologistas.
"El subsuelo de Doñana es una bombona de butano en el que se inyecta gas natural y nadie se escandaliza", resume el abogado ambientalista Jaime Doreste, quien junto a su colega Lorena Ruiz-Huerta, representó a Ecologistas en Acción y a Greenpeace en una demanda contra el Gobierno y la empresa Naturgy, dueña hasta diciembre del año pasado de este almacenamiento (transfirió las instalaciones a un fondo especulativo de inversión), tras la última prórroga estatal, en noviembre de 2021.
La cronología por evitar que se "perpetúen" las instalaciones industriales de gas en el entorno de Doñana tiene su punto de partida en 2006, cuando Gas Natural-Fenosa (por aquel entonces propietaria de los yacimientos), pidió autorización para ampliar sus autorizaciones de extracción con el fin de almacenar gas en el subsuelo de este entorno natural.
La empresa dividió en cuatro su proyecto para evitar la evaluación de impacto ambiental conjunta. En 2008, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero avaló el expediente, lo que desencadenó en múltiples denuncias, recursos en la Junta de Andalucía, presentaciones judiciales y la paralización de algunas obras.
"Hace 20 años nos trataban de marcianos, hoy está en juego la supervivencia de la humanidad"
"Convertir para siempre en una instalación industrial el entorno de un espacio Patrimonio de la Humanidad es inaceptable. A nadie se le ocurriría hacerlo en la Alhambra o la Mezquita de Córdoba. Pero en pleno 2023, y pese a la prédica oficial de la transición energética y la lucha contra el cambio climático, seguimos teniendo un almacén junto al Parque Nacional de Doñana, una de las reservas naturales más importantes de Europa", denuncia Carmona en diálogo con LPO.
Los ecologistas aclaran que el "mal llamado' gas natural, es en realidad un combustible fósil compuesto aproximadamente en un 80% de gas metano -un potente generador de cambio climático- por lo que se trata de un gas fósil, la segunda fuente de energía fósil que más se consume en el mundo, sólo por detrás de los productos petrolíferos.
Además de la "no certeza" de afección de este almacenamiento a la biodiversidad de toda esta geografía, Doñana, agrega Carmona, no parece ser el "lugar adecuado" para un proyecto subterráneo de gas fósil ante los riesgos sísmicos de origen antrópico en la zona costera con mayor vulnerabilidad de la península ibérica.
Pone de ejemplo el proyecto Castor, una concesión administrativa otorgada en 2008 para la explotación de un almacén subterráneo de gas -aprovechando una estructura geológica de un antiguo yacimiento petrolífero- que se paralizó en 2013 por su impacto sisimico.
Crisis hídrica de Doñana: la producción de frutos rojos en Andalucía crece un 58% en 15 años
Según los datos del Observatorio del Ebro, hasta el día de la paralización de las inyecciones de gas se produjeron 285 sismos. "El riesgo potencial de terremotos de consecuencias trágicas y nefastas para las personas, bienes y medio ambiente deviene incuestionable", admitió la Justicia al analizar el caso.
El abogado Doreste pone de relieve la contradicción del Gobierno de Pedro Sánchez de, por un lado, promover un plan de acción para hacer frente a la crisis climática y la descarbonización de la economía a través del despliegue de energía renovables; y por otro lado, prorrogar la explotación de unos yacimientos de hidrocarburos que "prolongan la dependencia de los combustibles fósiles de nuestro país, con el consecuente aumento de las emisiones".
"La Administración General del Estado no puede remar en dos direcciones opuestas", argumentaron los letrados en su demanda contra el poder Ejecutivo, desestimada por la Justicia a finales del año pasado.
La factura del cambio climático: Europa se queda sin fondos ante la avalancha de desastres naturales
"Los jueces argumentaron que la Ley de Cambio Climático prohíbe nuevos permisos de investigación y explotación. La prohibición no alcanza a las prórrogas de un concesión, como este caso, por tal motivo no nos han dado la razón", explica.
"En la demanda explicamos que el único camino posible para la economía española y su actividad energética es la inversión en ahorro y eficiencia energética y en energías renovables, pues todo lo demás pertenece a un modelo ya obsoleto que nos ha llevado a la ruina medioambiental", subraya.
Carmona sostiene que, desde el interés público, no tiene sentido "perpetuar de manera eterna estas explotaciones". "A las empresas les resulta interesante tener el gas guardado que compran en tercer países con carácter especulativo y atemporal. Para Doñana es otro lastre", afirma. Y bromea: "Por suerte por ahora no hemos encontrado oro y plata, porque abriríamos más entrañas a estas tierras para extraerlos".
Como si fuera poco, agrega el portavoz de WWF, el Estado paga en torno a siete millones de euros anuales a los privados por guardar el gas. "La última transferencia se hizo en estos días. Estamos pagando con dinero público por este "serivicio"", explica.
A su juicio, no hay actualmente "ningún dato de la realidad" que permita avizorar un cierre de este almacenamiento de gas. Mientras, Doñana empieza lentamente a "transformarse en otra cosa". "Sobrevivirá, pero se convertirá en otro hábitat, en un desierto con otra vida".
Carmona cuenta que hace algunos días escuchó la llegada de los primeros gansos, típico de esta época del año, que salió corriendo a la azotea de su casa para verlos, pero los gansos no bajaron a las marismas del parque.
"Empecé a decir por dentro "a dónde vais, que es para bajo" cuando me di cuenta que estaban subiendo al norte en lugar de bajar. Llegarían, se encontraron todo seco, que no hay castañuelas que es su alimento y así como llegaron se largaron", describe.
El problema de la transformación de un humedal en un desierto, resume este ecologista, es que lleva a toda una zona, pueblos, actividades económicas, fuentes de trabajo, "prácticamente a su desaparición".
Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas.
Moreno vuelve a culpar al Gobierno por la escasez de agua en Andalucía y Ribera le pide "menos lamento y más acción"
Más de 260 mil firmas contra la ley que amenaza Doñana en manos de la UE para frenar a Moreno
Doñana en modo electoral: Ribera tensa la cuerda al rechazar "negociar ilegalidades" con Moreno
Ayuso intenta involucrar a Sánchez en Doñana, pero Moreno ya retrocede con la ley de regadíos
El PSOE andaluz y Doñana: de la abstención que enfureció a Ribera al firme rechazo por orden de Moncloa
