La acusación contra Lázaro Báez por lavado de dinero ha generado incertidumbre y silencio entre los funcionarios kirchneristas. Ese silencio hace demasiado ruido en aquellos que deberían intervenir ante una denuncia de estas dimensiones.

Representantes de la oposición pusieron apuntan todos sus cañones contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por no haber iniciado una investigación de oficio ni instruido a fiscales para que lo hagan debido a que se trata de un delito de acción pública.

"El Ministerio Público Fiscal es titular de la acción penal pública, y es su deber iniciar de oficio investigaciones sobre el posible acaecimiento de delitos de acción pública con el sólo conocimiento de una circunstancia que pueda hacer sospechar de esa posible comisión. Además, por mandato constitucional, le corresponde promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, la cual se ve permanentemente socavada en su integridad y funcionamiento por los efectos perniciosos de la corrupción y del crimen, en este caso, del lavado de dinero", señala una carta remitida a Gils Carbó por los radicales Mario Barletta, José Cano y Ricardo Gil Lavedra.

"Frente a esta escandalosa denuncia, y teniendo en cuenta su preocupación acerca de potenciar la lucha contra el lavado de dinero, lo que condujo a la creación de una Procuradoría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) le solicitamos que se nos informe si se están llevando a cabo actuaciones referidas a los hechos dados a conocer. En caso de que no existan dichas actuaciones si las ha ordenado, y si tampoco lo ha hecho, le solicitamos que lo haga de inmediato", continúa la carta.

En el mismo sentido se expresaron se expresaron el diputado Ricardo Alfonsín y el ex fiscal Pablo Lanusse. Este último, especialista en derecho penal, explicó en radio El Mundo que "todo funcionario público y especialmente los fiscales o la procuradora tienen la obligación funcional de promover la denuncia penal de estos hechos, porque no puede quedar ninguna duda que lo que se conoció puede configurar un delito y necesita una investigación".

Lanusse indicó que de acuerdo a los testimonios publicados en el programa Periodismo Para Todos habría un delito, aunque se debe probar y acreditar las responsabilidades. "Ahora hay que promoverlo y la Procuradora está principalmente llamada a esto", manifestó.

La única respuesta de Gils Carbó ante estos cuestionamientos y la presión de los legisladores de la oposición fue un escueto comunicado de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en el que pide la unificación de las denuncias. “Hasta el día de ayer se habían radicado al menos seis denuncias ante distintos juzgados federales, incluido uno del interior del país. Por elementales razones procedimentales, estas causas deberán ser unificadas en un solo juzgado, con conocimiento de un fiscal”, sostiene un comunicado.

“Una vez producida la unificación, la PROCELAC tomará intervención junto al fiscal a cargo para poner a su disposición el apoyo técnico necesario, evaluar las medidas que correspondan e impulsar el esclarecimiento de los hechos denunciados”, concluye.

Sbatella también espera

El titular de la Unidad de Información Financiara (UIF), José Sbatella, es el otro funcionario cuestionado ya que el organismo que dirige tampoco se pronunció ante un caso que debería haber controlado. El justificativo para este silencio es que sólo puede actuar ante un requerimiento de la justicia, aunque también podría decirse que debió detectar semejante operación.

La ex titular de la UIF, Alicia López, explicó en diálogo con Cadena 3 que ese organismo “debería tener una facultad, que carece, que es la de poder actuar de oficio. Está esperando que alguien le mande un recorte de una operación sospechosa. Esperemos que se presenten como querellantes en las causas”. La ex funcionaria agregó que también el Banco Central y la AFIP tienen competencia para actuar.

“La UIF actual es netamente política, el presidente es nombrado por el Ejecutivo. Creo que la inteligencia de Sbatella es muy chiquita”, disparó. En otra entrevista, esta vez en radio Mitre, fue algo menos diplomática: “Sbatella es un nabo o algo peor, pero no puede ser que no actúe”.

Quienes recogieron el guante ante esto fueron el senador José Cano y el diputado Gerardo Milman. El primero anunció que se presentará ante la UIF para que investigue a Lázaro Báez y el segundo pidió la presencia de Sbatella ante la Comisión de Finanzas de la Cámara baja para que explique "si va a tomar cartas en el asunto o si estaba en conocimiento de estas actuaciones ilícitas y miró para otro lado".

LPO intentó comunicarse con Sbatella pero no tuvo éxito.