El juez Norberto Oyarbide cerró una investigación contra Hugo Moyano y quien era su mano derecha, el ex titular de Unión Tranviaria Automotor, Juan Manuel Palacios. El magistrado había archivado la causa el año pasado pero la Sala II de la Cámara Federal ordenó reabrirla en agosto por considerar “prematuro” su archivo.

Nueve meses más tarde -el 29 de junio-, Oyarbide firmó el sobreseimiento del líder de la CGT y de Palacios en este expediente que buscaba establecer si ellos son los verdaderos propietarios de una histórica estancia en Henderson valuada en U$S 1.100.000, informó el diario Clarín.

No es un secreto que Moyano está muy preocupado por las causas que avanzan en su contra y que en su entorno atribuyen a una maniobra de Néstor Kirchner para "disciplinarlo". La semana pasada el líder de la CGT se retiró enojado de la Casa Rosada porque la suba del mínimo no imponible de ganancias no se acercó a sus pretenciones, dejando afuera del beneficio a gran parte de los camioneros.

Acaso la decisión de Oyarbide haya sido un gesto de la Casa Rosada. Pero lo cierto es que la causa que más preocupa al camionero es la que tiene el juez federal Claudio Bonadío por la mafia de los medicamentos, en la que ya allanó en tres ocasiones la obra social de los camioneros.

Como sea, la medida de Oyarbide fue apelada por el fiscal Carlos Rivolo y ahora será nuevamente la Cámara quien decidirá el destino del caso.

El origen de la causa

El expediente se abrió a partir de un mail que entró, en abril de 2008, a la casilla del ex fiscal Oscar Amirante. En el texto denunciaban que Moyano se había comprado la estancia “San Ignacio”, en el partido boanerense de Henderson. Un artículo de la revista El Federal había revelado la adquisición, que en los papeles está a nombre de Calema S.A, una empresa que tiene en su directorio al hijo de Palacios.

La escribana que realizó la operación es la misma que solía certificar las Asambleas Generales de Delegados de la UTA. Entre los datos llamativos, también se destaca que Calema tuvo como presidente hasta 2003 a Roberto Carlos Fernández, quien era secretario adjunto de la UTA. El campo, fue adquirido el 14 de octubre de 2005, según pudo constatar la justicia.

En su resolución Oyarbide consigna los informes que pidió a la Inspección General de Justicia, al Banco Central, a la Policía Federal a la Unidad de Información Financiera (UIF) y un peritaje contable de la Gendarmería. Según surge de ese relevamiento, el juez dice que “las operaciones están correctamente plasmadas según la técnica contable y, concretamente respecto a la adquisición de los campos que tiene la firma se encuentra justificada con la venta de otros campos ubicados en la provincia de La Pampa”. Sin embargo, el informe de la UIF plantea algunas dudas que el magistrado reconoce pero decide ignorar.

El organismo “consideró que no había elementos suficientes para justificar el origen de tales fondos por lo que pidió se profundice la investigación en ese sentido”. En el párrafo siguiente, Oyarbide escribe que “debe concluirse sobreseyendo a las personas por inexistencia de delito”.

El juez tiene a Moyano en otro expediente más complicado aún. El de la mafia de los medicamentos, donde coincide en el objeto de investigación con su par Claudio Bonadio, a cargo de otra causa que busca saber si la Obra Social de Camioneros (OSCHOCA) presentó legajos truchos ante la Administración de Programas Especiales para cobrar subsidios que no le corresponderían. Esta situación generó una pugna judicial entre los dos magistrados -para definir quién se queda con el expediente- que será resuelta por la Cámara de Apelaciones.

Sin embargo, por razones que se desconocen, el titular de la CGT se presenta sistemática e insistentemente en la causa de Bonadio para recusarlo y pedir la nulidad de lo actuado. Por este caso, ya allanaron tres veces OSCHOCA. El sindicalista no muestra estos mismos signos de disconformidad con el juzgado de Oyarbide.