La CGT se fue con las manos vacías de la reunión con Cristina Kirchner del lunes y así lo comunicaron al salir, pero llegaron a la Casa Rosada con $156 millones a favor.
Según el diario Clarín horas antes del encuentro, el Gobierno destinó ese monto a las obras sociales gremiales.
Se tratan de aportes de trabajadores y patrones que estaban trabados en el Banco Nación, y fueron girados desde el Fondo Solidario de Redistribución a la Administración de Programas Especiales (APE), para que el organismo pueda a su vez reintegrar a las obras sociales los gastos por altas complejidades de abril y junio. La resolución se publicó ayer en el Boletín Oficial. Esos recursos para obras sociales son el punto central de roce entre los gremialistas y el Ejecutivo.
Además de recibir esos fondos, los gremialistas salieron del encuentro convencidos de que el Gobierno aumentará las asignaciones familiares y el seguro de desempleo antes de las elecciones, otro de sus reclamos. Y agregaron que Cristina le encomendó al Jefe de Gabinete, Sergio Massa, y al Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, estudiar los aumentos y el momento de anunciarlos.
Ayer eso se confirmó. El ministro Tomada admitió que la Presidente le pidió que trabaje en esos temas planteados por la dirigencia gremial. "Nosotros hemos escuchado a la CGT, que ha traído una serie de inquietudes. Vamos a trabajar en eso, como nos pidió la Presidente, y luego se tomarán decisiones", dijo el ministro antes de exponer en un Seminario de la OIT. Poco antes, Hugo Moyano, titular de la CGT había dicho que sus reclamos "tendrán un resultado en algunos días más".
A pesar del clima de entendimiento y de la transferencia de los $ 156 millones, los sindicalistas se quejaban ayer porque de esos fondos, que se recaudan de los aportes y contribuciones de las obras sociales, Economía les había recortado casi $ 130 millones.
El Presupuesto para el APE para todo 2009 es de $ 938 millones. Por el primer trimestre el APE recibió $ 185 millones y ahora $ 156 millones por el segundo trimestre; en total $ 341 millones, cuando corresponden 469 millones (la mitad de los $ 938 millones).
Los sindicalistas también insisten en que la prioridad es aumentar el seguro de desempleo porque hay un mayor número de cesantías. Se estima que actualmente lo perciben unas 150.000 despedidos, cuando un año atrás lo cobraban unas 110.000 personas.
La CGT insistió que el monto de ese seguro es muy exiguo porque tiene un tope de $ 400. Representa apenas menos del 20% del sueldo medio de los trabajadores registrados, que tienen derecho a cobrarlo. Y como en el caso de Salud, sostiene que los fondos que financian el seguro de desempleo y las asignaciones familiares es del sistema de la Seguridad Social y no del Gobierno.
Otros temas que la CGT quiere destrabar es el de los traspasos de los afiliados a las prepagas (evitando el "descreme" del negocio por parte de las prepagas) y la restitución del Fondo de Prevenciones, un frente abierto con la ministra de Salud, Graciela Ocaña.
En noviembre de 2008, a instancias de Ocaña se dejó "sin efecto" la distribución del Fondo de Prevención. El argumento fue que la Superintendencia de Salud "no es el Organismo encargado de subsidiar los Planes y Programas de Prevención", pero lo real es que en el ministerio dicen que su distribución fue despareja, beneficiando a unas obras sociales en detrimento de otras. Hoy los gremialistas van por mas: dicen que el Gobierno está "pisando" los recursos del PAMI, para financiar sus gastos.
