El abogado laboralista de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Recalde, afirmó hoy que "a contramano del resto del mundo, en la Argentina no hay despidos masivos, sino masivas discusiones salariales".

"Por ahora los despidos masivos en términos generales están parados”, indicó Recalde a radio América.

Y en las masivas discusiones salariales el mayor debate se da en el Estado que hoy subsidia a las empresas para que mantengan los puestos de trabajo. Según el diario Crítica de la Argentina, el Gobierno ya gastó $111 millones en lo que a del año.

Casi 65.000 trabajadores en empresas privadas mantienen, por ahora, sus empleos gracias a que el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, les paga parcialmente el sueldo. Para ser más precisos, según los datos oficiales a los que accedió este diario, hasta la segunda semana de abril, 64.739 trabajadores recibían hasta 600 pesos del salario dentro del régimen de subsidios del llamado “Programa de Recuperación Productiva”, que busca frenar despidos masivos en las empresas. Mientras reciben el auxilio oficial, las empresas se comprometen a no echar personal, pero sí aplican suspensiones.

Pese a que gran parte de la caída de la producción industrial en los últimos meses se explica por el derrumbe del sector automotor y de la siderurgia, como consecuencia de la crisis internacional, la amenaza de despidos masivos también involucra a sectores vinculados con el mercado interno. Es el caso de la industria textil, que lidera los pedidos de subsidios salariales. Según los registros oficiales, 9.204 trabajadores textiles, que se desempeñan en 79 empresas, perciben la subvención. Después, les siguen las curtiembres: 6.574 trabajadores de 38 empresas. En la metalurgia, 6.054 obreros de 86 firmas cobran la ayuda. En la industria pesquera son 5.719 trabajadores. Dentro del complejo automotor, 36 empresas autopartistas abonan 5.123 salarios con aporte estatal. Mientras que, hasta el momento, una sola terminal –la francesa Peugeot– arregló que 1.224 operarios cobren el subsidio.

Los amagues de despido también fueron frenados transitoriamente por el Ministerio de Trabajo en los servicios. Tres supermercados acordaron que 2.887 empleados conservarán transitoriamente sus puestos a cambio del beneficio estatal. Mientras que siete hoteles, con un plantel de más de 2.500 personas, también ingresaron en el régimen.

En cuanto a la distribución territorial, informó el matutino, casi 19.000 trabajadores en peligro se localizan en Buenos Aires, unos 13.000 en Santa Fe, 4.900 en Río Negro, 3.800 en la ciudad de Buenos Aires y más de 3.000 en Chubut. A favor de la manera en que se asignan los fondos desde el Ministerio de Trabajo hay que decir que San Luis, habitualmente discriminada en las transferencias de recursos para obras públicas desde Nación, en este caso también es asistida: en esa provincia casi 3.000 trabajadores fueron socorridos.

En el ministerio que conduce Carlos Tomada aseguran que la distribución de los fondos es transparente y que, tras un estudio técnico de los funcionarios sobre las empresas en dificultades, los subsidios se otorgan para detener despidos que, de otra manera, serían inevitables. Es la mejor prueba de que la recesión avanza sobre la columna vertebral de la actividad productiva. En poco más de un mes, la cantidad de puestos de trabajo subsidiados se duplicó.

El dialoguismo de la CGT y la amenaza de paro nacional de la CTA

El lunes último, el titular de la CGT, Hugo Moyano, durante la reunión en Casa de Gobierno, alertó a Cristina sobre una eventual ola de despidos en los sectores (automotor, textil, metalúrgico, etc.) que la intervención de Tomada ha logrado postergar. En la CGT creen que este trimestre (abril-junio) será clave en el mercado laboral. Porque las empresas buscarán readecuar su dotación de personal al nuevo escenario. Hasta ahora, con el arrastre de años de crecimiento a tasas chinas como telón de fondo, aguantaron puestos de trabajo por una combinación de factores: la presión de los sindicatos, los “llamados persuasivos” desde despachos oficiales y la bolsa de subsidios laborales abierta desde el Ministerio de Trabajo. Pero si el bajón de demanda se prolonga –evalúan en cercanías de Moyano– no habrá apriete ni subsidios que alcancen. Y por el momento, salvo en las planillas que garabatea Guillermo Moreno en el INDEC, no hay ninguna señal que muestre la salida.

Por eso, la CGT reclama una red de contención social para los trabajadores formales, sus representados, cuya estabilidad laboral peligra: aumento de seguro de desempleo –que actualmente cobran menos del 15% de los desocupados–; mejora de las asignaciones familiares y su extensión a los despedidos; más fondos a la obras sociales para que brinden cobertura a quienes pierdan el conchabo. Moyano pretende mostrarse activo frente a un drama social que, considera, explotará más temprano que tarde. Y no quiere que, cuando estalle el conflicto, le pasen factura desde sus propias filas por su cercanía al kirchnerismo.

Con un diagnóstico similar, la CTA –dirigida por Hugo Yasky– sugirió esta semana un proyecto de ley para suspender despidos por 180 días. Meses atrás, algunos funcionarios del área económica propiciaban la doble o triple indemnización, conscientes de que el panorama laboral era más grave de lo que se describía desde el atril de Olivos. La idea era que el seguro de desempleo fuera financiado en parte por las propias empresas. La iniciativa, que se aplicó en la crisis de 2002, fue desechada. Pero no son medidas que se debaten en público. Se aprueban o se descartan por razones obvias.

Lo más interesante de la propuesta de la Central de Trabajadores Argentinos es que insiste con políticas destinadas a los más de 4 millones de trabajadores informales o en negro, como el seguro universal para la niñez. Seis de cada diez chicos menores de 14 años son pobres en la Argentina.