La caída del sistema previsional mixto dejó al superintendente de AFJP, Sergio Chodos, como un administrador de millonarios fondos. Por eso, el ex secretario de Finanzas suele tener contacto con necesitados de fondos frescos acercados por diversos funcionarios lobbystas. Pero el caso más complicado lo vivió hace pocos días, con el inefable Guillermo Moreno.

El secretario de Comercio lo llamó hace algunos días para indicarle que iba a recibir a unos empresarios de su confianza a los que tenía que prestarles plata. Chodos los recibió, pero quedó helado cuando escuchó la cifra: 50 millones de dólares.

Si bien no trascendió el origen ni la rama de operaciones de esa compañía, lo que si se conoció es la seria decepción con la que dejaron el despacho del coleccionista de llamas –sí, tiene una llama de mascota y se rumorea que ya adquirió otra-, cuando sin negarles las suma les elaboró una intrincada ingeniería financiera constituida por, entre otras cosas, una obligación negociable o la constitución de un fideicomiso.

Acostumbrados a los escasos vericuetos legales que existen en la Argentina para hacer negocios directamente –y por izquierda- con funcionarios, los que buscaban millones para invertir –o vaya a saber para qué- no dudaron en tomar el teléfono y correrle con la novedad a Moreno, un hombre reconocido por su casi inexistente apego a los buenos modales.

No tardó en sonar nuevamente el celular de Chodos, de excelente relación con el cuestionado titular de la Anses, Amado Boudou. Era Moreno.

“Pibe, me parece que vos no entendiste nada. Dales la plata y dejáte de joder”, fue la escueta pero efectiva directiva del fervoroso soldado kirchnerista a Chodos. Al rato, felices los empresarios contaban con ese dinero.

Sin control

Estos llamados, y muchos otros, debilitan los fondos de los jubilados que debería resguardar la Anses. Pero Chodos puede responder impunemente porque el Gobierno todavía no creó los organismos de control que la ley exige.

Pero hay más. Según una nota publicada por el diario Crítica de la Argentina, el diputado Claudio Lozano de Proyecto Sur calculó que la ANSES ya asignó para obras públicas, futuros pagos de deuda y planes de incentivo al consumo un total de 68.110 millones de pesos desde el fin del sistema privado. O sea, en tres meses.

Ese mismo monto alcanzaría para cubrir un incremento del 30% en todos los haberes jubilatorios de reparto si no se calculara por la fórmula de movilidad que debía ser modificada luego de la estatzación de las AFJP. Desde el Gobierno ya anticiparon que apenas alcanzaría el 11%.

Junto con la denuncia, a la que tuvo acceso exclusivo Crítica de la Argentina, Lozano presentó un proyecto en el Congreso para que la Comisión Bicameral de control empiece a funcionar y para que el Gobierno tome como “provisoria” la asignación de fondos que ya hizo sin seguir el trámite legal.

“Lo que buscan es conformar los organismos de control cuando ya tengan asignados todos los recursos”, opinó Lozano ante este diario. Desde la ANSES, que conduce Amado Boudou, replicaron que “ya se está trabajando con quienes van a formar parte de la comisión”. También argumentaron que “es un control ex post, donde el Gobierno hace las cosas primero y después se controlan, como hace la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)”. O sea, primero se da la plata y después se monitorea si es correcta la asignación. Una situación impensada para las AFJP que debían cumplir con múltiples requisitos antes de invertir la plata de los jubilados.

Los gastos del Gobierno

Según Crítica, Lozano calculó que de los $68.110 millones prestados, hubo $3.100 millones para la compra de autos cero kilómetro, $650 millones para la compra de taxis, $3.500 millones en créditos para electrodomésticos, $3.000 millones en créditos a las pymes, $1.700 millones de crédito para el agro y $1.250 millones en crédito para las empresas industriales.

A esos planes de incentivo para el consumo de la clase media se suman las obras públicas que se financiarán con los recursos de los jubilados. Ya se licitaron $10.900 millones para la construcción de viviendas, $4.074 millones para el soterramiento del Sarmiento, $2.500 millones para la construcción de centrales térmicas y $890 millones en un crédito para que AySA construya dos plantas potabilizadoras.

El Presupuesto 2009, además, tiene previstas obras con plata de la ANSES por $13.153 millones más. Y también se espera que el superávit del ente previsional –que rondará los $18.000 millones– se transfiera al Tesoro para cumplir con los vencimientos de la deuda pública.

Bancos descontrolados

Pero Chodos y Boudou no son los únicos que no deben rendir cuentas y Néstor Kirchner, que impulsó la estatización de las AFJP para cubrir las cuentas del Gobierno, no es el único visionario que entendió que en estos fondos está la plata que necesita -gracias a los aportes de los jubilados, hoy el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Juan Carlos Pezoa, pudo anunciar un superávit fiscal y no tuvo que dar explicaciones por el rojo que da el aumento de gastos públicos frente a la abrupta caída de la recaudación-.

Otros que se estarían beneficiando y a lo grande de los fondos de la ANSES son los bancos. El Gobierno entregó unos $3.000 millones para que den créditos a las pymes con tasas de interés del 13% y 14%, pero ellos, además, encontraron la manera de que tomen créditos con fondos del banco y tasas de interés que establece la misma entidad.

El sistema es así. Un empresario se acerca al banco para pedir un préstamo por un millón de pesos. El empleado que está detrás del mostrador le responde que no se lo puede dar porque el cupo de la Anses es de hasta $500.000. Así que le ofrece que tome lo que se le permite con los fondos jubilatorios y que los otros $500.000 se los presta el banco. Claro que la tasa ya no es del 13% o 14%, sino del 45%.

Quiénes deberían monitorear a Chodos

Según la ley 26.425, que dispuso el fin de las AFJP, el uso de los ahorros previsionales nacionalizados debía estar controlado por dos organismos distintos. El artículo 11 sujeta a la ANSES a la supervisión de una Comisión Bicameral integrada por el oficialismo y la oposición.

El artículo 12 instruye al ente que dirige Boudou a crear un Consejo del Fondo de Sustentabilidad del sistema, para el monitoreo interno de sus recursos, que deberían integrar gremios, cámaras empresariales y representantes de la clase pasiva.

Ambos cuerpos aún brillan por su ausencia. Así, hasta ahora, los recursos a los que echó mano el Ejecutivo fueron asignados directamente por Boudou y por el encargado de administrar el Fondo de Sustentabilidad, Sergio Chodos.