El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, tomó la decisión de reclamar esta semana ante distintos organismos nacionales los 4.000 millones de pesos que el Estado le debe a la provincia. Si no obtiene una respuesta favorable a su pedido, el gobierno provincial acudirá a la Corte Suprema de Justicia.

Según el diario Crítica de la Argentina, la gestión socialista exigirá, entre otras deudas, el 15 por ciento de la coparticipación federal que no percibe porque se destina al financiamiento de la ANSES, hoy superavitaria. En medio de la tensión por los planteos, Binner recibirá a la presidenta Cristina Kirchner el próximo miércoles en Rosario, en una visita postergada el martes pasado.

La batalla política amenaza con terminar en una larga pelea judicial. Durante todo 2008, Binner insistió en marcar la existencia de un “federalismo invertido” y bregó por una proporcional coparticipación del Impuesto al Cheque y por la supresión de los aportes para el viejo déficit de la ANSES. Pero a poco de comenzar 2009, año electoral, la paciencia del gobernador se terminó. Y decidió exigir que los recursos que se originan en tierra santafesina regresen a la provincia y no se pierdan en el erario nacional.

El recorrido administrativo que esta semana iniciará el gobierno santafesino incluye el Ministerio de Economía, la AFIP, la ANSES y la Procuración del Tesoro. Uno de los mayores reclamos se apoya en que la provincia no recibe el monto correspondiente por la coparticipación –al igual que el resto de las provincias– pero que, en su caso, fue excluida además del Plan Federal de Viviendas II, un programa remozado que beneficiará a 18 estados federales y que se financiará con dinero de la ANSES.

Santa Fe destina millones a las arcas del organismo dirigido por Amado Boudou y no sólo quedó al margen del nuevo plan, sino que tampoco logró que se construyera ninguna de las 21 mil viviendas prometidas en 2007. Con este panorama, Binner instruyó a mediados de 2008 al fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, para que prepare un informe sobre los fondos que Santa Fe no está recibiendo. En diciembre fue unos pasos más allá y, con vistas a iniciar una demanda judicial, designó a un estudio de abogados de Capital Federal y al jurista Ricardo Gil Lavedra. En otras provincias no oficialistas están atentos. El desenlace podría convertirse en un caso testigo para otros distritos que analizan la posibilidad de entablar una demanda similar.

El gobierno socialista argumenta, entre otras cosas, que las provincias no pueden continuar financiando a la ANSES como en los 90, cuando se privatizó el sistema de jubilaciones y pensiones. El organismo incorporó meses atrás los activos de las AFJP, hoy tiene superávit y financia fideicomisos por afuera del Pacto Federal de 1992. Por lo tanto, sostienen en el gobierno santafesino, ya no es necesario apuntalar el sistema previsional. Si el déficit no existe, la asignación específica ya no cumple ninguna función.

Desde la Casa Gris, adelantaron que también se reclamará que la Nación cumpla con el 34 por ciento obligatorio que debe coparticiparse a las provincias por ley, y que revisarán el decreto 1399 de 2001, que creó un fondo de autarquía para la AFIP. Se insistirá en la necesidad de que un porcentaje de la retención vuelva a la provincia. Los números son claros: un informe del Ministerio de Economía provincial estimó que, desde su aplicación, se giraron a la Nación 700 millones de pesos. En 2007, solamente, fueron 136 millones y cerca de 100 hasta septiembre del año pasado.