Según dejaron trascender en los círculos cercanos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal argentino ya habría decidido dar por tierra la Ley de Abastecimiento que el kirchnerismo se apresta a sancionar en el Congreso junto a sus aliados de la Cámara de Diputados, tras haber obtenido media sanción ayer en el Senado.

Los especialistas sostienen que esta ley es inconstitucional, al delegar en el Poder Ejecutivo facultades para avanzar sobre empresas privadas, cosa que la ley de 1974 no autoriza. O mejor dicho, esas facultades están originalmente y únicamente destinadas al Congreso nacional.

De concretarse esta versión, difundida en Clarín, vendría a contabilizar una segunda gran derrota judicial para la lista de Axel Kicillof y La Cámpora. La primera fue el fracaso de la Reforma Judicial. Declarando insconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura, la Corte suspendía de esa forma la elección popular de consejeros que el kirchnerismo iba a sumar a las PASO de 2013.

En aquel entonces, Raúl Zaffaroni fue el único que firmó en disidencia. Luego de ese duro golpe, que dejó malherido al secretario de Justicia, Julián Alvarez, la Corte se inclinó meses más tarde (días antes de las generales de octubre) por fallar a favor del Gobierno en el caso de la Ley de Medios. Lo que obligó a Clarín y otros grandes medios a replegarse en nuevas divisiones.

Ahora estamos ante una nueva divisoria de aguas. El sector empresarial, nucleado en el Grupo de los 6, ratificó su rechazo al proyecto y aseguró su "irrevocable voluntad de recurrir a instancias judiciales". Fue el propio Héctor Méndez quien confesó haber accedido a la opinión de Ricardo Lorenzetti, enviando un guiño de apoyo a la central fabril.

Desde la oposición, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, salió a cuestionar la medida calificándola de “chavista” y señaló que "el proyecto tiene muchas similitudes con el proyecto endógeno para el desarrollo venezolano que fracasó porque representó el cierre de más de 200 mil establecimientos, la expropiación de 1193 empresas y el cierre de casi 4 mil industrias”.

En la UCR también manifestaron que la iniciativa "hay mucha arbitrariedad y discrecionalidad" y estimó que el Gobierno "se está radicalizando ante la crisis económica, yendo a un chavismo extremo".