El kirchnerismo consiguió aprobar esta madrugada en el Senado el paquete de leyes de defensa del consumidor, en el que el proyecto de reforma de la ley de Abastecimiento generó la mayor polémica. El texto fue aprobado en general y en particular, tras casi cuatro horas de debate, a las 4.30 de hoy, con 38 votos afirmativos contra 27 negativos.

El senador informante por el FPV-PJ fue el santacruceño Pablo González, quien, tras acordarse el tratamiento en forma conjunta del proyecto a las dos iniciativas sobre derechos del consumidor, apuntó que en el oficialismo, a diferencia del referente de UNEN y actual diputado socialista Hermes Binner, "no creemos en la mano invisible del mercado".

González dijo que la intención es "garantizar el funcionamiento transparente del mercado" y señaló que en la mayoría de países del mundo existe este tipo de regulaciones, como en la Comunidad Económica Europea, Brasil, México y los Estados Unidos.

Indicó que luego que "el 99 por ciento de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas", al remarcar que ese tipo de empresas fueron excluidas de los alcances de la ley, y que la norma está referida solo "al 1 por ciento de las empresas (las grandes y medianas empresas con capacidad de formación de precios)".

El radical Luis Naidenoff informó sobre el rechazo de su bloque a la iniciativa y lo vinculó a "dos razones importantes": porque -a su entender- vulnera el orden jurídico constitucional establecido y porque es irracional, desde el punto de vista de los incentivos para comerciantes e industriales que deseen invertir y arriesgar en el país". Para Naidenoff, en el debate en comisiones nadie pudo precisar qué es "ganancia abusiva".

En el mismo sentido se expresaron el peronista disidente y ahora massista Juan Carlos Romero ("ésta es una ley para meter miedo, es confiscatoria e inconstitucional", dijo), la juecista Norma Morandini y los macristas Alfredo De Angeli y Gabriela Michetti.

También el socialista Rubén Giustiniani, el radical catamarqueño Oscar Castillo ("esta ley deja tipos penales abiertos, el señor secretario de Comercio va a dictar una norma penal sin que haya tipo penal previsto"), la peronista puntana Liliana Negre ("esta ley no contribuye a la paz social") y el radical Gerardo Morales ("este proyecto es puro maquillaje, siguen habiendo discrecionalidades").

El proyecto aprobado implica una nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, al que el oficialismo, tras el plenario de comisiones y las críticas expresadas allí por sectores empresarios, se vio obligado a incorporar modificaciones como la exclusión del régimen de sanciones a las pequeñas y a las medianas empresas que no sean formadoras de precios; eliminó las clausuras definitivas como parte de las sanciones previstas en el proyecto inicial.

Además, tipificó las conductas para aplicar las sanciones con el objeto de restringir la criticada discrecionalidad del Ejecutivo; estableció el pago de una compensación "justa y oportuna" en el caso de que la autoridad de Aplicación intervenga en la producción y de ello se origine un perjuicio económico de una empresa, así como se dispuso la preservación de la confidencialidad de los datos empresarios dados a la Autoridad de Aplicación.

Las otras normas

El Senado también aprobó y envió a la Cámara de Diputados la creación de un Observatorio de Precios y la creación de un fuero federal para resolver los reclamos de los usuarios y consumidores.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para la creación del fuero federal de consumidores fue aprobado en general con respaldo de parte de la oposición, por 53 votos afirmativos y 11 negativos. En la votación en particular, la oposición rechazó varios artículos. Mientras que la propuesta de creación del Observatorio de Precios avanzó con 38 votos a favor y 27 en contra.

En la sesión, que duró casi 14 horas, también se trató el proyecto de Ley de Abastecimiento y la propuesta para cambiar el lugar de pago de la deuda reestructurada.

La iniciativa establece la creación de un Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, como un organismo técnico para asistir a la Secretaría de Comercio en el monitoreo y sistematización de precios y la disponibilidad de bienes y servicios comercializados y prestados en todo el país. Justamente este es uno de los puntos más cuestionados por los legisladores de la oposición.

También se prevé la puesta en marcha de un fuero en la justicia federal que debe resolver las controversias originadas en las relaciones de consumo. En resumen, el proyecto prevé un Servicio de Conciliación de las Relaciones de Consumo; una Auditoria en las Relaciones de Consumo (organismo de carácter autárquico perteneciente a la órbita del Ministerio de Economía) y la Justicia Federal en las Relaciones de Consumo.

Dentro del ámbito de la Justicia se prevé la creación de ocho juzgados federales y una Cámara Nacional de Apelaciones y se fija "una duración máxima del proceso de 60 días".