Guillermo Lasso formalizó la realización de una consulta popular que se realizará durante 2023 para reformar la actual Constitución. Dentro de las propuestas presentadas por el presidente de Ecuador aparecen la reducción del número de asambleístas a 100, eliminar algunas facultades de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y extraditar a narcotraficantes.

Para eso se tendrá que reformar la Constitución en un proceso que de alguna manera terminará plebiscitar un mandato que acumula muchos cuestionamientos.  La consulta popular constará de ocho preguntas y abordará tres áreas de acción: seguridad ciudadana, fortalecimiento de la democracia y protección del medio ambiente.

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Desde su llegada al Gobierno, Lasso no pudo consolidar una base parlamentaria para aprobar sus reformas, mantiene un frente de conflicto abierto con el movimiento indígena (por ahora neutralizado) y enfrenta un grave problema de narcotráfico, entre otros problemas que forzaron una importante caída de la imagen presidencial. 

LPO consultó al constitucionalista ecuatoriano Stalin Raza quien consideró la iniciativa del Presidente como "una fantochada" y aseguró que "no tiene nada, es insípida y en el mejor de los casos, edulcorada". "Desde el punto de vista constitucional y jurídico tiene varias objeciones, no se puede consultar a la ciudadanía vía procedimiento de enmienda asuntos que tengan que ver con la restricción de derechos de participación", agregó. 

Desde el punto de vista constitucional y jurídico tiene varias objeciones, no se puede consultar a la ciudadanía vía procedimiento de enmienda asuntos que tengan que ver con la restricción de derechos de participación

Como ejemplo, Reza plantea que "cuando se pretende trasladar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, las funciones de designación de autoridades a la Asamblea Nacional a través de mecanismos hiperpresidencialista para nominar a los candidatos se vulnera el derecho de participación. Actualmente se establece un mecanismo de participación conjunta y paritario para las funciones del estado y la ciudadanía con comisiones de selección de autoridades. Si quitas esas funciones para que sea el Presidente el que decida, excluís a la ciudadana". 

"La disminución del número de asambleísta también reduce la participación porque cada provincia tiene derecho a presentar dos asambleístas mas uno, si llega a los 150 mil habitantes. Ahora el Gobierno quiere limitar a un asambleísta por provincia y limitar el número de habitantes a 250 mil. Esto no tiene argumento técnico y es una regresión de derechos", añadió. 

En el caso de la extradición, el constitucionalista asegura que "la actual Constitucion tiene una prohibición categórica para que se extradite por delitos cometidos en Ecuador y por jueces nacionales. Cuando uno quiere hacer una excepción a esto, la Corte dice que para limitar derechos el procedimiento no es la enmienda sino una asamblea Constituyente. El tema ese que Lasso no quiere implementar porque no tiene los números de apoyo necesarios". 

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"Por eso, la consulta popular se convertirá en un censo de popularidad del Presidente que es escaso y bajo, por eso se espera un no rotundo como ocurrió en Chile", finalizó.

En 2021 ya hubo una reforma constitucional impulsada por Lenin Moreno donde se impidió que un presidente que ya tuvo dos mandatos vuelva a presentarse para competir en las elecciones. Por eso, en el correísmo dicen que "el objetivo central es desmontar la Constitución de Montecrisiti" implementada por Rafael Correa en 2008.