El video dura escasos segundos. Los suficientes para que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, confirme lo que sus ministros ya deslizaron, que su gobierno no va a acatar el resultado del referéndum que deja bajo tierra una parte de la producción de petróleo del país.

"Es inaplicable la consulta, no es posible aplicar el Sí. Comprendan que no es posible, vamos a intentar mantener esta postura el mayor tiempo posible. No queremos que termina la producción de petróleo en el bloque 43", sentencia en una conversación privada con sus asesores. 

Las palabras del presidente, en la recta final su mandato (el mes que viene se celebrará la segunda vuelta entre Luisa González, abanderada de Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, y Daniel Noboa, candidato de la derecha), reafirman la nula voluntad del poder Ejecutivo de aplicar el Sí de las urnas. 

El Gobierno de Lasso no acatará la decisión popular de frenar la explotación de petróleo en la Amazonía

El 20 de agosto, en una urna paralela a la presidencial, el pueblo ecuatoriano decidió el entierro de su petróleo y el freno al extractivismo fósil, la matriz productiva que está llevando al planeta al colapso climático y que, pese a los cientos de millones de dólares que ha generado en las últimas décadas, ha empobrecido a las poblaciones rurales que viven en esos territorios de sacrificio.   

Más del 58% de los ecuatorianos votaron sí a que se deje indefinidamente el petróleo del Parque Nacional del Yasuní, que pertenece al bosque Amazonas (catalogada como Reserva de la Biosfera de la Unesco en 1989), una de las zonas con más biodiversidad del planeta, bajo tierra. 

Se trató de una consulta con impacto internacional:  primera vez un país, por decisión popular, le puso un freno a su modelo extractivo.

Existen siete bloques petroleros que se encuentran dentro de este Parque Nacional, la mayoría ya explotados. El bloque 43, también llamado ITT porque integra los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (162.000 hectáreas), es el único que permanece intacto.   

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La decisión popular obliga al Estado a cerrar todos los pozos del bloque en cuestión. Semanas atrás, el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, ya había adelantado que el Gobierno iba a continuar con las operaciones petrolíferas "con normalidad".

El Ejecutivo ecuatoriano argumenta "razones constitucionales". Se escuda en el artículo 57 de la Constitución para aducir que "los que tienen que decidir si se inicia o termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio" y no la ciudadanía en general.

En la provincia amazónica de Orellana, donde se ubica el Bloque 43-ITT, el "No" ganó con el 57,99 % de los sufragios frente al 42,01 % del "Sí".

"Queremos que el país esté consciente de este problema constitucional. Ellos son los únicos que pueden decir 'Sí' o 'No' de acuerdo a la Constitución", se excusó el funcionario en contacto con la prensa local. 

Los ecuatorianos decidieron que el petróleo se quede en el subsuelo, convirtiendo a la defensa de la naturaleza y de la vida en el mayor consenso nacional. Hoy, tras la filtración de las declaraciones de Guillermo Lasso, resulta claro que el presidente pretende quebrar el mandato democrático y burlarse de la voluntad popular de más de cinco millones y medios de votantes

Hasta ahora, Lasso nunca se había pronunciado en público sobre el tema. La filtración del video causó un fuerte rechazo social. El colectivo Yasunidos, la cara visible del rechazo al modelo petrolero, denunció que el presidente "pretende quebrar el mandato democrático".

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"Hacemos un llamado a defender la democracia y el mandato popular", pidió a través de un comunicado.

"Los ecuatorianos decidieron que el petróleo se quede en el subsuelo, convirtiendo a la defensa de la naturaleza y de la vida en el mayor consenso nacional. Hoy, tras la filtración de las declaraciones de Guillermo Lasso, resulta claro que el presidente pretende quebrar el mandato democrático y burlarse de la voluntad popular de más de cinco millones y medios de votantes", denunció la agrupación, que exige que la Corte Constitucional se pronuncia cuanto antes sobre este "claro atentado a la democracia del país".  

"Exhortamos a la comunidad internacional, que ha reconocido en el triunfo del Yasuni una posibilidad global a futuro, a estar vigilante", finaliza el comunicado.