El domingo, en paralelo a la elección presidencial, el pueblo ecuatoriano decidió mediante un plebiscito vinculante frenar la explotación de su petróleo, una actividad que amenaza con destruir el mayor pulmón verde del paÃs.
Más del 58% de los ecuatorianos votaron sà a que se deje indefinidamente el petróleo del Parque Nacional del YasunÃ, que pertenece al bosque Amazonas (catalogada como Reserva de la Biosfera de la Unesco en 1989), una de las zonas con más biodiversidad del planeta, bajo tierra.
Existen siete bloques petroleros que se encuentran dentro de este gigantesco entorno natural, uno de ellos, el bloque 43 (162.000 hectáreas), es el que fue sometido a plebiscito.
La decisión popular obliga al Estado y el nuevo Gobierno -habrá segunda vuelta entre Luisa González, abanderada de Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, y Daniel Noboa, candidato de la derecha- a cerrar todos los pozos del bloque en cuestión.
Sin embargo, este jueves, el ministro de EnergÃa y Minas, Fernando Santos Alvite, adelantó que el Gobierno de Guillermo Lasso -en funciones hasta que asuma el nuevo presidente- continuará con las operaciones petrolÃferas "con normalidad", aunque sà dejará listos los planes de desmantelamiento de las instalaciones por si el siguiente gobernante decide parar la explotación.
El Ejecutivo argumenta "razones constitucionales". Se escuda en el artÃculo 57 de la Constitución para aducir que "los que tienen que decidir si se inicia o termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio" y no la ciudadanÃa en general.
En la provincia amazónica de Orellana, donde se ubica el Bloque 43-ITT, el "No" ganó con el 57,99 % de los sufragios frente al 42,01 % del "SÃ".
"Queremos que el paÃs esté consciente de este problema constitucional. Ellos son los únicos que pueden decir 'SÃ' o 'No' de acuerdo a la Constitución", se excusó el funcionario en contacto con la prensa local. E indicó que "deberÃa ser la misma Corte la que tenga que dirimir" sobre esta interpretación de la Constitución.
"Este Gobierno seguirá operando normalmente hasta el dÃa que se vaya. No haremos nuevas actividades, pero seguirá la producción", reiteró Santos Alvite, quien aseguró que "nunca en la historia del mundo se ha parado un campo tan importante que produce casi 60.000 barriles por dÃa", aclaró.
La empresa estatal Petroecuador, a cargo de las concesiones petrolÃferas, estima que Ecuador dejará de percibir 16.470 millones de dólares en los próximos 20 años por esta decisión popular.
En declaraciones previas al referéndum, Lasso se habÃa pronunciado contrario a la medida, pero sin deslizar ninguna intención de desacatamiento.
"Habrá que pensar de qué manera se sustituyen esos ingresos porque son necesarios, tanto para la lucha contra la desnutrición crónica infantil, para el presupuesto de salud, el presupuesto de educación, el presupuesto de seguridad. Yo creo que hay que debatirlo en la sociedad ecuatoriana. O se reducen gastos o se eliminan algunos subsidios que vengan a compensar estos ingresos que se pierden por la consulta del YasunÃ".
Las declaraciones del ministro de Lasso generaron sorpresa y alarma en el ecologismo ecuatoriano, sobre todo en el colectivo Yasunidos, impulsor del referéndum, que interpretó el desacatamiento como un "riesgo a la democracia".
Los portavoces de esta organización reiteran, en base a lo que estipula la Constitución, que la consulta popular es de cumplimiento "obligatorio e inmediato".
"Los efectos de la consulta popular tienen que ser aplicados desde la proclamación oficial de los resultados", explicaron a través de un comunicado.
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El colectivo llama a la Corte Constitucional a "destituir a los funcionarios que pretendan poner en riesgo en riesgo el orden constitucional": "Hacemos un llamado a la ciudadanÃa a que esté vigilante y defienda su voto".
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