Transición ecológica
El Gobierno de Lasso no acatará la decisión popular de frenar la explotación de petróleo en la Amazonía
Así lo anunció el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite. El colectivo impulsor del referéndum denuncia que la decisión "pone en riesgo la democracia".

El domingo, en paralelo a la elección presidencial, el pueblo ecuatoriano decidió mediante un plebiscito vinculante frenar la explotación de su petróleo, una actividad que amenaza con destruir el mayor pulmón verde del país.

Más del 58% de los ecuatorianos votaron sí a que se deje indefinidamente el petróleo del Parque Nacional del Yasuní, que pertenece al bosque Amazonas (catalogada como Reserva de la Biosfera de la Unesco en 1989), una de las zonas con más biodiversidad del planeta, bajo tierra. 

Existen siete bloques petroleros que se encuentran dentro de este gigantesco entorno natural, uno de ellos, el bloque 43 (162.000 hectáreas), es el que fue sometido a plebiscito.

La decisión popular obliga al Estado y el nuevo Gobierno -habrá segunda vuelta entre Luisa González, abanderada de Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, y Daniel Noboa, candidato de la derecha- a cerrar todos los pozos del bloque en cuestión.

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Sin embargo, este jueves, el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, adelantó que el Gobierno de Guillermo Lasso -en funciones hasta que asuma el nuevo presidente- continuará con las operaciones petrolíferas "con normalidad", aunque sí dejará listos los planes de desmantelamiento de las instalaciones por si el siguiente gobernante decide parar la explotación.

El Ejecutivo argumenta "razones constitucionales". Se escuda en el artículo 57 de la Constitución para aducir que "los que tienen que decidir si se inicia o termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio" y no la ciudadanía en general.

En la provincia amazónica de Orellana, donde se ubica el Bloque 43-ITT, el "No" ganó con el 57,99 % de los sufragios frente al 42,01 % del "Sí".

"Queremos que el país esté consciente de este problema constitucional. Ellos son los únicos que pueden decir 'Sí' o 'No' de acuerdo a la Constitución", se excusó el funcionario en contacto con la prensa local. E indicó que "debería ser la misma Corte la que tenga que dirimir" sobre esta interpretación de la Constitución.

"Este Gobierno seguirá operando normalmente hasta el día que se vaya. No haremos nuevas actividades, pero seguirá la producción", reiteró Santos Alvite, quien aseguró que "nunca en la historia del mundo se ha parado un campo tan importante que produce casi 60.000 barriles por día", aclaró.

Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas de Ecuador.

La empresa estatal Petroecuador, a cargo de las concesiones petrolíferas, estima que Ecuador dejará de percibir 16.470 millones de dólares en los próximos 20 años por esta decisión popular. 

En declaraciones previas al referéndum, Lasso se había pronunciado contrario a la medida, pero sin deslizar ninguna intención de desacatamiento. 

"Habrá que pensar de qué manera se sustituyen esos ingresos porque son necesarios, tanto para la lucha contra la desnutrición crónica infantil, para el presupuesto de salud, el presupuesto de educación, el presupuesto de seguridad. Yo creo que hay que debatirlo en la sociedad ecuatoriana. O se reducen gastos o se eliminan algunos subsidios que vengan a compensar estos ingresos que se pierden por la consulta del Yasuní".

Las declaraciones del ministro de Lasso generaron sorpresa y alarma en el ecologismo ecuatoriano, sobre todo en el colectivo Yasunidos, impulsor del referéndum, que interpretó el desacatamiento como un "riesgo a la democracia".

Este Gobierno seguirá operando normalmente hasta el día que se vaya. No haremos nuevas actividades, pero seguirá la producción

Los portavoces de esta organización reiteran, en base a lo que estipula la Constitución, que la consulta popular es de cumplimiento "obligatorio e inmediato".

"Los efectos de la consulta popular tienen que ser aplicados desde la proclamación oficial de los resultados", explicaron a través de un comunicado.

Ecuador también le da la espalda a la minería: no habrá más concesiones en los bosques de Quito

El colectivo llama a la Corte Constitucional a "destituir a los funcionarios que pretendan poner en riesgo en riesgo el orden constitucional": "Hacemos un llamado a la ciudadanía a que esté vigilante y defienda su voto".


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