La Comisión Europea (CE) publicó su evaluación de los proyectos de Planes Nacionales de Energía y Clima (PNEC) de los Estados miembros de la UE y emitió recomendaciones para aumentar las ambiciones en consonancia con los objetivos para 2030.

Los Planes definitivos deberán presentarse antes del 30 de junio de 2024. Para la CE, las medidas propuestas en todos los borradores son "insuficientes" para la reducción del 55% de las emisiones en los próximos siete años. 

Por tal motivo, a la luz del resultado de la COP28 y el llamado global para acelerar la acción en esta década, la entidad que preside Ursula Von der Leyen exige "esfuerzos adicionales" para evitar impactos catastróficos por el cambio climático, tal como advierte la comunidad científica.

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En el caso de España, la CE pretende que el Gobierno de Pedro Sánchez "explique con más detalle cómo y cuándo España pretende eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles". 

"La persistencia de las subvenciones a los combustibles fósiles en todos los Estados miembros, incluido el transporte, se identifica como otro obstáculo en el camino de la UE hacia la neutralidad climática. Los subsidios que no abordan la pobreza energética o la transición justa deben eliminarse lo antes posible y dirigirse, en cambio, a la innovación y al apoyo a los grupos vulnerables durante la transición", reconoce Bruselas. 

La exigencia va en sintonía con el pedido interno que al comenzar la legislatura hizo Alianza Verde a través del exdiputado de Podemos, Juantxo López de Uralde. Los morados quieren que el ministerio de Transición Ecológica "despliegue una auditoría sobre las subvenciones que percibe la industria fósil".

"Planteamos una auditoria porque no está nada claro cuáles son todas las subvenciones que reciben los combustibles fósiles por parte del gobierno de España en todos sus ciclos de uso. No tenemos esa cifra de forma oficial. Queremos saber cuánto dinero público se está transfiriendo a un sector que tanto la UE como Moncloa reconocen que tiene que reducirse", explicó Uralde en diálogo con LPO.   

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Ante la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, Bruselas quiere que "España explique con más detalle cómo pretende fomentar la reducción de la demanda de gas" y cómo va a adecuar de la infraestructura petrolera "con la caída esperada" de su demanda.

Ursula Von der Leyen en la COP28.

Europa Press

En total son 19 las recomendaciones de Bruselas para que España mejore su borrador. Un punto débil detectado es el de las emisiones del sector agrícola dado que la península es una de las grandes huertas del continente.

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"Complementar la información sobre las políticas y medidas existentes y previstas, incluido el sector agrícola, que se espera contribuyan a cumplir el objetivo nacional de gases de efecto invernadero. Detallar claramente su alcance, calendario y, cuando sea posible, el impacto previsto en la reducción de los gases de efecto invernadero, incluidas las medidas de los programas de financiación de la Unión, como la política agrícola común", dice el documento que ya fue remitido al Palacio de la Moncloa.

La persistencia de las subvenciones a los combustibles fósiles en todos los Estados miembros, incluido el transporte, se identifica como otro obstáculo en el camino de la UE hacia la neutralidad climática. Los subsidios que no abordan la pobreza energética o la transición justa deben eliminarse lo antes posible y dirigirse, en cambio, a la innovación y al apoyo a los grupos vulnerables durante la transición

También pide "identificar la cantidad de emisiones de CO2 que podrían capturarse anualmente para 2030, incluida la fuente" y más detalles sobre "cómo se almacenará y transportará el CO2 capturado". 

La Comisión se muestra preocupada por la crisis hídrica de España, un déficit que se agudizará en las próximas décadas. Pide que se "preste especial atención a la gestión del agua en condiciones climáticas cambiantes".

En el rubro de las energías renovables, la CE quiere saber cuáles son las "áreas de aceleración con procedimientos más rápidos y sencillos" para multiplicar los proyectos de cara a 2030.

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Otro pedido es el especificar "la cantidad de reducción del consumo de energía que deben lograr todos los organismos públicos desglosados por sector y la superficie total de los edificios con calefacción y/o refrigeración propiedad de organismos públicos que deben renovarse anualmente o los ahorros de energía anuales correspondientes que deben lograrse".   

En esta línea, se exige más ambición para "garantizar un parque de edificios nacional altamente eficiente desde el punto de vista energético y descarbonizado y transformar los edificios existentes en edificios de cero emisiones para 2050".

Por último, la CE pretende que el Gobierno explique que reformas hará para "movilizar las inversiones privadas necesarias para alcanzar los objetivos energéticos y climáticos".