Este miércoles, el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, desoyó la propuesta que presentó el gobernador Omar Perotti que contaba con el apoyo del presidente para que se desplace a los directivos de la firma y sean reemplazados por tres interventores para proteger los activos.

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Con sutileza, el magistrado desglosó el concurso y derivó la propuesta del gobierno a un apéndice mientras ratificó al frente del Grupo a los directivos que ya habían sido repuestos la semana pasada.

De esta manera, se limitan a ser simples veedores a los interventores designados por la Casa Rosada, Gabriel Delgado y a Luciano Zarich, y la imposibilidad de que asuma un representantes de la provincia de Santa Fe, tal y como constaba la propuesta que elaboró la directora de Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe, María Victoria Stratta.

En el gobierno de Santa Fe, los esfuerzos están orientados a buscar una salida consensuada para garantizar la continuidad de las fuentes laborales, la reactivación de las plantas y un plan para cubrir las obligaciones con los más de dos mil acreedores que en su mayoría son pequeñas empresas y productores agropecuarios.

En ese sentido, el gobernador Omar Perotti se reunió este miércoles con representantes de ACA -Asociación de Cooperativas Argentinas- y de la Mesa de Enlace para avanzar en un esquema mixto, de participación público-privada y evitar la discusión por la expropiación en el Congreso.

Para tal fin, en la Casa Gris diseñaron distintas alternativas jurídicas que contemple una propuesta superadora a la expropiación como la conformación de un consorcio con las cooperativas agrícolas, acopiadoras, YPF Agro y el Estado reservándose una acción de oro, como estaban trabajando sectores aliados y de la gobernación.

Además, el banderazo del pasado 20 de junio contra la estatización, que en algunos lugares de la zona núcleo se hizo sentir con fuerza, agitó los fantasmas de la discusión por la 125. Como consecuencia, en Nación le bajaron el tono para evitar que el conflicto escale.Previamente, los legisladores cordobeses que responden a Schiaretti ya habían adelantado que se negaban a votar la expropiación y el proyecto original del gobierno fue perdiendo apoyo.

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Por otra parte, desde la IGJP, advirtieron sobre maniobras dudosas de algunos de los directivos de Vicentín quienes a pocos días de declarar el default, iniciaron trámites para desprenderse de activos:

"Apenas exteriorizado el estado de cesación de pagos, varios integrantes del directorio -incluido su presidente- comenzaron con febriles movimientos tendientes a la disminución de sus respectivos patrimonios", alertó Stratta en un escrito elevado al juez.

 Apenas exteriorizado el estado de cesación de pagos, varios integrantes del directorio -incluido su presidente- comenzaron con febriles movimientos tendientes a la disminución de sus respectivos patrimonios 

En el mismo, la directora del ente describe una serie de documentos como certificados de donaciones, modificaciones de regímenes societarios o desafectación de bienes familiares para su venta, lo cual es incorporado al expediente del concurso para justificar el necesario desplazamiento de los directivos de la firma, según entiende Stratta.

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Es que en la propuesta presentada al juzgado de Reconquista la semana pasada para avanzar en una intervención judicial, se argumentó que "es claro que (el directorio de Vicentín) no están a la altura de las circunstancias para este cometido. Son quienes la condujeron durante el tiempo en que llegó al estado de cesación de pagos que motivó la apertura del concurso y que afecta el interés público", sostenía el escrito de la IGPJ de Santa Fe.