RIGI
Pullaro rechazó el régimen de grandes inversiones porque afecta a la industria santafesina
El gobernador busca modificar el alcance del RIGI, incluido en la ley ómnibus, porque considera que alimenta "competencia desleal".

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, está decidido a hacer valer su respaldo a la nueva versión de la Ley Bases que pretende aprobar con urgencia Javier Milei y a no habilitar sin cortapisas una iniciativa que podría tener serias consecuencias para la estructura productiva santafesina.

En ese marco, y así como lo anticipó en la reunión de gobernadores de la Región Centro en Paraná, el titular del Ejecutivo santafesino cuestionó el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI) incluido en el nuevo proyecto de ley porque entiende que implicaría una "competencia desleal" para todo el entramado de empresas radicadas en la provincia, que junto a Córdoba y Entre Ríos, explican el 25% del PBI de la Argentina y es el 40% de las exportaciones.

El régimen está incluido en el proyecto de ley ómnibus remixada que el Ejecutivo negocia a contrarreloj con los bloques de la oposición en Diputados.

Pero, además, esa medida económica -que históricamente en el país fue instrumentada como un estímulo a la producción- fue objetada en las últimas horas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tal como adelantó en exclusiva LPO, porque favorece el lavado de activos.   

Impacto en la producción

En el caso de Santa Fe, varios sectores levantaron la voz para cuestionar el alcance del RIGI que libera de impuestos y restricciones cambiarias a inversiones que superen los 200 millones de dólares.

"En la Legislatura nos hicimos eco de la inquietud que vienen manifestando diferentes asociaciones y espacios productivos de Santa Fe, porque tal como está redactado el RIGI en el paquete fiscal incorporado a Ley Bases podría generar una competencia desleal con la industria preexistente", dijo el diputado Mariano Cuvertino del bloque oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe.

El GAFI advirtió al Gobierno que el régimen de grandes inversores convertirá a la Argentina en un refugio del lavado

Ese régimen fue impulsado por otros gobiernos en Argentina, como el de Arturo Frondizi que buscó promocionar al sector hidrocarburífero, o más recientemente para promover las inversiones en Vaca Muerta, casos en los cuales se definían sectores y escalas.

En cambio, en este caso "el RIGI no identifica actividades, productos o sectores con posibilidad de ser acelerados, ni tampoco prevé ningún tipo de cláusula que priorice el desarrollo de proveedores locales que potencien la trama productiva local", agregó el legislador que desde la Cámara baja provincial reforzó la bandera que agita Pullaro.

 Mariano Cuvertino 

Lo que más preocupación genera en Santa Fe es el impacto que pueda tener sobre la cadena de valor de tres sectores clave en el entramado productivo provincial como la industria metalúrgica, la metalmecánica y alimenticia.

"Nosotros entendemos que esto es un traje a medida para inversiones extractivas, como la de hidrocarburos o la minería", aclaró Cuvertino, pero alertó que "dejarlo abierto sin precisar sectores ni tamaño de empresas, abre muchos interrogantes".

Además, consideró que la radicación de mega proyectos bajo un régimen de promoción como el del RIGI "solo va a aumentar la asimetría en la que ya se encuentran estos sectores".

Por otra parte, el RIGI siempre estuvo orientado a promocionar regiones no tan desarrolladas o a proyectos estratégicos para la economía argentina.

En el caso de Santa Fe, donde la industria tiene un gran desarrollo de cadenas de valor y alto nivel de capacidad instalada, una medida como esta podría atentar contra ese entramado productivo que es un gran generador de empleo.

Por lo pronto, la Asociación de Industriales Metalúrgicos a nivel nacional (Adimra) envió una nota al Ministerio de Economía para advertir sobre el impacto del RIGI. En territorio santafesino, las distintas entidades vinculadas a la producción industrial también hicieron lo suyo y acercaron sus planteos a la Legislatura y al Ejecutivo para intentar frenar lo que entienden podría representar un "duro golpe" a la actividad que ya está experimentando los golpes de la recesión.


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