En un giro sorpresivo y sin avisarle al ministro de Salud, el vocero Adorni acusó de cartelización a las empresas de medicina privada.

LPO había revelado que los sindicatos amenazaban con ir a la Justicia por competencia desleal y el Gobierno tuvo que cambiar la norma. Ahora habrá un régimen opcional. También los benefician con un fuerte recorte de las coberturas.

Facundo Prado se quedó con la ART de la prepaga que fue la segunda que más aumentos aplicó para noviembre, con el visto bueno del gobierno.

Las obras sociales ahora exigen poder cobrar un plus a los monotributistas como hacen los privados.

Acusan al Gobierno de querer desfinanciarlas porque le permiten a las prepagas competirles, pero pueden elegir no atender a monotributistas, jubilados y empleadas domésticas.

Hay consenso entre los sindicatos y las prepagas para revisar el programa que creen que hizo detonar las obras sociales.

Las empresas además deberán devolver lo que cobraron por encima del IPC acumulado desde diciembre, que llega a 114,6%.

La jueza Maquieira no quiso darle curso al amparo del Ministerio de Salud para que las prepagas devuelvan parte de lo cobrado. En el gobierno la vinculan a Cristina.

En el gobierno dicen que están preparando medidas judiciales y administrativas por los aumentos desmedidos de las cuotas.

El ministro dijo que las empresas de medicina privada le declararon la guerra a la clase media, pero no anunció medidas.

Por ahora la cautelar se aplica solo al caso del demandante. El juez ordenó "readecuar las cuotas correspondientes a su plan asistencial, dejando sin efecto los aumentos realizados en aplicación del DNU 70/23.

En una reunión con los dueños de las prepagas el presidente electo les había anticipado que su modelo es cuota liberada y que compitan por precio.