El Gobierno nombrará en el Consejo de Ministros a sus dos candidatos para la renovación del Tribunal Constitucional. Se trata de Juan Carlos Campo, juez y exministro de Justicia de Pedro Sánchez (dejó el cargo en julio de 2021), y Laura Díez, catedrática de Derecho Constitucional y exdirectora general de Asuntos Constitucionales.

Con esta decisión, el presidente de Gobierno ha dado un golpe a la mesa en medio de la puja política por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), paralizado por la negativa del PP. 

Campo fue el ministro de Justicia que redactó y aprobó los indultos a los condenados por el proceso independentista en Cataluña. Dejó el Ejecutivo al poco tiempo, lo que generó ruidos y recelos. Muchos interpretaron que Sánchez lo "utilizó" para ese fin.

"Solo tengo palabras de agradecimiento para el presidente. En absoluto me he sentido nunca utilizado", explicó en aquel momento, añadiendo que tramitar las peticiones de indultos formuladas a favor de los presos del 'procés' "era una cuestión obligada" por ley.

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Durante su mandato al frente del Ministerio de Justicia, Campo también supervisó y fijó el sistema de penas de la "ley del sólo sí es sí" -una normativa que, por estos días, genera mucha controversia- tras corregir el primer borrador del Ministerio de Igualdad. 

Aquella revisión no estuvo ajena a la crispación entre los socios de gobierno. El por entonces vicepresidente segundo Pablo Iglesias, definió de "machista frustrado" a Campo por sus reparos técnicos a la normativa. 

Durante su mandato al frente del Ministerio de Justicia, Campo también supervisó y fijó el sistema de penas de la "ley del sólo sí es sí" -una normativa que, por estos días, genera mucha controversia- tras corregir el primer borrador del Ministerio de Igualdad

Unidas Podemos se ha desmarcado de esta elección y este martes ha criticado al PSOE por aplicar una "puerta giratoria" al exministro. El presidente del grupo parlamentario de los morados, Jaume Asens, ha calificado la decisión de "cinismo" por optar por Campo y acompañar el el veto del PP a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, para formar parte del Consejo General del Poder Judicial.

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"Nos parece poco coherente que se esté vetando a Rosell a un órgano que no es jurisdiccional, sino de organización de política judicial, y que no emite sentencias y para el TC se plantee esto. Es un contrasentido en la posición del PP y el PSOE. Nos hubiese gustado discutir los nombres y su idoneidad", ha lamentado Asens.

Laura Díez, el otro nombre propuesto por Sánchez para integrar el TC.

Europa Press

Antes de llegar al Ministerio -y de regresar a la Audiencia Nacional tras su salida-, Campo fue portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso durante tres legislaturas y además, aterrizó en Justicia conociendo la casa ya que fue secretario de Estado de Justicia entre 2009 y 2011 durante el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, de 2001 a 2008 fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La designación tampoco ha caído bien en ERC, otro de los socios parlamentarios del PSOE. Gabriel Rufián, ha admitido que los nombres "chirrían", aunque ha aclarado que su formación va a respetar "el criterio del Ejecutivo". 

El otro nombre elegido -Laura Díez- tiene un perfil más bajo y es menos conocida en el mundo de la política. Hasta hace seis meses trabajaba muy cerca de Sánchez, en el equipo de Félix Bolaños

"No es la primera vez que el Gobierno, que tiene la potestad para ello, nombra a un ex alto cargo. Desde fuera puede chirriar, chirría", ha señalado al conocerse la decisión de Moncloa.

Mas dura y contundente ha sido la reacción de la derecha. El vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, ha acusado al Gobierno de "atacar a la división de poderes" debido a que "se trata de dos miembros del Ejecutivo" y ha avisado de que la Unión Europea "reaccionará".

A entender de los populares,  Campo ni Díez Bueso son "idóneos" para el TC debido a que se tendrían que abstener de "cualquier decisión" que tenga que ver con las leyes aprobadas por este Gobierno. "Creo que la Unión Europea va a tener que decir algo sobre la división de poderes española y el Estado de Derecho", ha apuntado Pons.

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Vox, en tanto, le ha pedido a Génova mantener "distancia infinita" tras estos nombramientos. "Es cada vez más evidente este PSOE tiene aires totalitarios y desea controlar todos los órganos de nuestra democracia. Invocamos al PP a que empiece a tomar un poco más de distancia con este Gobierno", ha aseverado Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de la ultraderecha en el Congreso.

El otro nombre elegido -Laura Díez- tiene un perfil más bajo y es menos conocida en el mundo de la política. Hasta hace seis meses trabajaba muy cerca de Sánchez, en el equipo de Félix Bolaños. Dejó el puesto al ser nombrada en abril por el Parlamento catalán, de forma consensuada, integrante del Consejo de Garantías Estatutarias.