Para el Gobierno, la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma judicial es inédita tanto a nivel nacional como continental. Son muchas las voces de Moncloa que destacan que la medida no tiene precedentes en Europa.
Sin embargo, la primera declaración institucional de Bruselas no fue tan tajante y contundente como espera el Ejecutivo español. "Esperamos que todas las autoridades y actores nacionales actúen de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos a nivel nacional", aclaró el portavoz de la Comisión de Justicia, Christian Wigand.
"Seguimos muy de cerca la situación y estamos al corriente de la decisión del Tribunal Constitucional español. Normalmente no comentamos sobre decisiones de tribunales constitucionales", aclaró.
Pero detrás de esa declaración protocolar y lavada, fuentes de la UE replicaron la misma afirmación ante cada consulta periodÃstica: "las reformas de calado -como la que pretende sacar adelante Pedro Sánchez- necesitan consultas previas".
A juicio de Bruselas, hay "estándares europeos" a la hora de "emprender reformas judiciales importantes". Este protocolo exige, por ejemplo, la consulta de "todas las partes implicadas": órganos de jueces, fiscales y hasta la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, el órgano especÃfico para tal fin.
La UE entiende que salirse de "estos procedimientos" puede acarrear problemas. Y cita los casos de Rumania y Polonia. Esta exigencia de que España cumpla con los estándares europeos puede interpretarse como un respaldo de Bruselas a la actuación del Tribunal Constitucional.
En el caso de España, añaden las fuentes, le corresponde al Tribunal Constitucional dirimir sobre cualquier "duda o queja" al respecto del modo en que se lleva al cabo el proceso de reforma y a las autoridades nacionales cumplir las normas establecidas.
El único guiño de Bruselas a Moncloa es su insistencia de terminar con la caducidad del TC. Recordó que la posición de la Comisión Europea respecto a la parálisis del CGPJ es "clara y estable".
El portavoz repitió las mismas recomendaciones de la última edición del informe sobre Estado de derecho que reclaman a España una renovación urgente del órgano de gobierno de los jueces y que, inmediatamente después, se emprenda una reforma del sistema de elección para que una mayorÃa de los vocales sean elegidos por sus jueces.
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