Por la mañana, en una entrevista por TVE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitía por primera vez que en España hay casos de "lawfare", término que hace referencia a la instrumentalización política de la Justicia.
¿Cree que ha habido en España casos de "lawffare"?, le ha preguntado la entrevistadora por la mención a esta palabra en el acuerdo de investidura con Junts. "Definitivamente", ha asegurado Sánchez.
A primera hora de la tarde, por primera vez en democracia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con mandato caducado desde hace cinco años, votaba en contra de la propuesta de nombramiento de un fiscal general del Estado por parte del Ejecutivo, la continuidad en el Álvaro García Ortiz.
Sánchez admite la "desconfianza" con Junts y reconoce que la amnistía no era el paso que quería dar
El CGPJ, con mayoría conservadora, considerar que el candidato del Gobierno no es idóneo para el cargo, emitiendo una opinión que no es vinculante, pero sí inédita: nunca el Poder Judicial se había pronunciado en contra del candidato de Moncloa.
Al tratarse de una resolución no vinculante, el Gobierno podrá seguir adelante con la renovación del fiscal general, pero la decisión del Consejo abre una brecha sin precedentes entre Sánchez y el CGPJ.
El grueso del bloque conservador que ha votado en contra -ocho rechazos- ya se había opuesto al nombramiento de García Ortiz en 2022, cuando el Gobierno le designó como jefe de la Fiscalía General tras la dimisión de Dolores Delgado por motivos de salud. Ahora, ese mismo rechazo es mayoritario.
El vocal Enrique Lucas, alineado habitualmente con el bloque progresista, se ha ausentado porque su hermano, Pablo Lucas, es uno de los cinco magistrados que firman la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) que achacó a García Ortiz una "desviación de poder".
El Gobierno ratificó a García Ortiz en el cargo hasta 2027 confirmando su "confianza" en él, según explicó la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes. En concreto, destacó su "impecable" trayectoria.
Una de las críticas de los conservadores apunta, justamente, a su tibia respuesta al acuerdo entre el PSOE y Junts, donde se habla de crear comisiones de investigación parlamentarias para detectar supuestos casos de "lawfare".
Los fiscales del 'procés' --Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno-- enviaron una carta a García Ortiz pidiéndole "amparo institucional". García Ortiz se limitó a contestarles que "siempre" defendería la "autonomía" de éstos y otros fiscales.
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