Aupado por el PP, el Tribunal Constitucional analiza poner una pata en el Congreso para impedir que se legisle. En una inédita ofensiva conservadora, el principal partido de la oposición y un sector del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pretenden paralizar la reforma del Gobierno para renovar el tribunal
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, convocó un Pleno extraordinario para este jueves por la mañana para decidir si se admite a trámite el recurso del PP en el que pide paralizar la tramitación parlamentaria de las enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada al TC de los dos candidatos nominados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a fin de superar la parálisis actual.
No hay precedentes en el tribunal de una medida cautelarísima con la que se pretenda paralizar la votación de una proposición de ley en el Congreso. Génova dio el primer paso al frente al solicitar al TC que impida la votación al entender que la modificación de la ley supone un "ataque frontal al Estado de derecho". Alberto Núñez Feijóo se resiste a perder el control del TC, lo que explica su jugada.
"Las enmiendas suponen un atentado a la separación de poderes y una quiebra grave del Estado de Derecho, además de ser indiscutiblemente incompatibles con la Constitución", justificó el PP en un comunicado de prensa.
En paralelo, el bloque conservador del CGPJ pretende forzar un pleno extraordinario para evitar tener que aplicar la reforma, que puede quedar aprobada de forma definitiva la semana que viene en el Senado.
Las enmiendas presentadas por el PSOE y Podemos son el motivo de la controversia: las fuerzas que integran la coalición proponen pasar de una mayoría de tres quintos --que ahora requiere al menos 11 votos-- a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo su obligación de enviar dos aspirantes al Constitucional, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades penales.
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Los socios de Gobierno introdujeron estas enmiendas después de que las negociaciones en el seno del CGPJ para nombrar a sus dos candidatos al TC encallaran el pasado 2 de diciembre.
Moncloa cuestiona la decisión de González-Trevijano -con el mandato caducado desde junio- de aceptar el recurso del PP y ve en esta decisión un "claro intento" del TC por interferir sin potestad.
Los socialistas presentaron este mañana un escrito ante el Tribunal Constitucional para intentar contrarrestar este ofensiva. Ferraz sostiene que que si se acepta la petición del PP "conllevaría presumir la falta de legalidad de las decisiones" del Congreso "y la mayoría de los diputados que han votado y aprobado los textos en las distintas fases del procedimiento legislativo".
Hoy este pleno comienza amenazado. Ante una situación tan grave para la democracia: la soberanía popular reside aquí, no en ninguna sala. pic.twitter.com/HZ6UUmYwVW— Íñigo Errejón (@ierrejon) December 15, 2022
El escrito remarca que "no hay precedentes" de que se suspenda un procedimiento legislativo "por la queja o recurso de una parte minoritaria de diputados o grupos parlamentarios".
Lo cierto es que el pedido del PP puede salir adelante debido a que el Tribunal Constitucional sigue contando con una mayoría de jueces conservadores (seis frente a cinco) elegidos, en su día, por los populares.
La suspensión de la tramitación de una ley en el Parlamento por una sentencia del TC es algo que nunca ha ocurrido en democracia.
"Este pleno comienza enrarecido y amenazado. Yo nunca me hubiese imaginado que este Congreso, elegido por el voto popular, estuviese pendiente de si puede celebrar un pleno porque un organismo con las mayorías caducadas pretenda prohibirlo para evitar su propia renovación. La situación es muy grave para la democracia", acusó el líder de Más País, Iñigo Errejón, en el inicio de la sesión parlamentaria.
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