El acuerdo ya está firmado. Y develado. El PSOE y Junts han rubricado el pacto político que la semana que viene permitirá la investidura de Pedro Sánchez. Fueron más de tres meses de negociación. El resultado es un documento de cuatro páginas en el que ambas formaciones se comprometen a "abrir una nueva etapa" que resuelva "el conflicto histórico" en Catalunya.

El texto introduce un relato histórico sobre lo ocurrido en esta Comunidad Autónoma en los últimos 20 años que acreditan "las profundas divergencias que han existido y que han dado lugar a un conflicto que solo la política en democracia puede encauzar para buscar una solución, dado que la cuestión de fondo sigue sin resolverse". 

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PSOE y Junts admiten "discrepancias estructurales" en los proyectos de ambos partidos, pero así y todo se abren a "abrir una nueva etapa en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una solución política y negociada al conflicto".

Las dos formaciones "asumen que a partir del resultado de las elecciones generales del 23 de julio existe una oportunidad que deben y tienen la voluntad de aprovechar de forma responsable", asumiendo "la complejidad y los obstáculos del proceso que se disponen a emprender".

Un punto sin acuerdo, que no impide el pacto, es las distintas interpretaciones del referéndum de 2017. 

PSOE y Junts admiten "discrepancias estructurales" en los proyectos de ambos partidos, pero así y todo se abren a "abrir una nueva etapa en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una solución política y negociada al conflicto

"Por un lado, Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Por el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral. Al mismo tiempo, constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones", reza el documento.

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En este sentido, en el ciclo político que se abre, la formación de Carles Puigdemont propondrá la celebración de "un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña, amparado en el artículo 92 de la Constitución", que "será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados".

El PSOE aclara que lo rechazará. Su contrapropuesta es un "amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya".

Ferraz compromete a que el acuerdo esté sujeto a un "mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento" en las cuestiones que afectan al "reconocimiento nacional" y el pleno "autogobierno" de Cataluña. En este punto, Puigdemont logra que Sánchez acepte la figura del mediador internacional.

En lo que respecta a la amnistía, parte central del pacto, la ley que se inscribirá en el Congreso inclurá "tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos". 

Las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura podrán ampliar aún más esta amnistía si se detectan "situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política", es decir dirigentes encasados por su ideología política.  

En lo que respecta a la amnistía, parte central del pacto, la ley que se inscribirá en el Congreso inclurá "tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos

En materia de financiación, se pondrá sobre la mesa por pedido de Junts la reforma de Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) "para introducir una cláusula de excepción, que permita ceder a la Generalitat "el 100% de los tributos que se pagan en Cataluña". 

Por su parte, el PSOE ofrecerá a los independentistas un modelo de financiación diferenciado para Cataluña, que le permita "la autonomía financiera y el acceso al mercado". Este punto del acuerdo va en línea con la promesa del PSOE a ERC de condonar a la Generalitat el 20% de su deuda.

Otro alcance del pacto tiene que ver con el regreso de las empresas que huyeron tras la ilegal declaración de la independencia en Cataluña. El compromiso es impulsar un plan para facilitar el regreso a Cataluña de la sede social de las miles de empresas que huyeron de la región, debido a la inestabilidad y la inseguridad jurídica que provocó aquella ruptura política.

En el ámbito europeo, el PSOE promete igualmente impulsar "la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio"

La estabilidad de la legislatura -concluye el acuerdo- estará sujeta a "los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto segundo".