Las dos resoluciones de judiciales de este lunes, la prórroga de la investigación del "Caso Tsunami", en la que Carles Puigdemont y Marta Rovira están imputados por terrorismo y la reactivación de la causa que investiga un juzgado de Barcelona sobre la trama rusa del procés, han hecho tambalear la ley de amnistía que esta tarde se votará en el Congreso.

Para Junts, ambas actuaciones judiciales confirman que tal como está redactada la normativa Puigdemont y decenas de dirigentes catalanes quedarán fuera de la amnistía. "Una Ley que deja colgados a decenas de compañeros no es la que nos comprometimos a aprobar", insisten.

Por eso, presionan a los socialistas con modificar el texto a última hora, una petición que Moncloa rechaza. La semana pasada, Pedro Sánchez aceptó que la amnistía pueda cubrir también presuntos delitos de terrorismo "siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, no hayan causado violaciones graves de los derechos humanos".

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Pero para los independentistas, esta enmienda es "incompleta" y exigen que suprimir cualquier alusión al terrorismo. Es la "única manera", dicen, que el día de mañana un juez no tipifique como terrorismo conductas que nunca se habían calificado como tales con el único objetivo de para impedir así la aplicación de la amnistía.

Este martes por la mañana, la dirección de Junts ha confirmado que no no votará a favor de la proposición de ley de amnistía esta tarde en el Congreso si el PSOE no acepta cambios para blindarla ante posibles intentos de "boicot" por parte de "diversos estamentos judiciales".

LPO adelantó una tensión que fue creciendo con el paso de las horas. Junts ya amenaza con tumbar la ley y devolver el texto a la comisión de Justicia para incluir estas enmiendas. 

Al tratarse de una ley orgánica, deberá ser aprobada en una votación específica y al Gobierno no le valdrá una mayoría simple, sino que necesitará contar con 176 votos afirmativos. Es decir: si uno solo de los socios del Gobierno se abstiene, la ley no se aprobaría.

El partido de Puigdemont sabe que rechazar la ley es "jugar con fuego". La posibilidad de retorno a una Comisión solo puede ejercerse una vez. El rechazo de una segunda votación provocaría la caída definitiva de la ley.

El mero hecho de que el poder judicial actúe al albur del legislativo para intentar influir en la ley ya es horrible e inadmisible. Los tiempos de la judicatura están empíricamente alineados con los de la política y el legislativo. Sea de una forma u otra, cada vez que el legislativo mueve ficha, un juez mueve ficha

El problema es que a diferencias de otras negociaciones, en Ferraz dan por cerrado el texto. Fuentes del Gobierno repiten que no habrá más cambios en la amnistía pese a la presión de sus socios independentistas. Esgrimen que ya lograron cambios "relevantes" la misma semana pasada cuando la norma estaba redactada.

En Junts, no obstante, confían en el pragmatismo de Sánchez. Los catalanes entienden que un rechazo a la ley sería un golpe político para el presidente de Gobierno y que existe la posibilidad de retocar la ley in extremis.

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En Moncloa, los dardos apuntan a la Justicia por su "clara intromisión" en la discusión política a favor de "una derecha que quiere tumbar la ley y romper la mayoría parlamentaria del Ejecutivo".

"Las decisiones judiciales tienen un objetivo muy claro", repiten las fuentes socialistas. "El mero hecho de que el poder judicial actúe al albur del legislativo para intentar influir en la ley ya es horrible e inadmisible. Los tiempos de la judicatura están empíricamente alineados con los de la política y el legislativo. Sea de una forma u otra, cada vez que el legislativo mueve ficha, un juez mueve ficha", concluyen los emisarios de Sánchez.