El PSOE logró pactar con Junts y ERC un ajuste en la redacción de los supuestos que quedan excluidos de la medida de gracia. En concreto, la enmienda registrada se refiere al delito de terrorismo, para el que ahora el texto pasa a diferenciar aquellos casos que "hayan causado violaciones graves de derechos humanos", que quedarían al margen del amparo de la ley, de los que no. Sin embargo, Junts quiere seguir exprimiendo a su aliado y asegura que solo con esa enmienda no alcanza para blindar a Puigdemont.

El movimiento del Ejecutivo con sus aliados parlamentarios se produce en paralelo a las últimas maniobras del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Tras retomar después de cuatro años la causa de Tsunami Democrátic por las movilizaciones en torno al aeropuerto del Prat en 2019, el magistrado ha sugerido al Supremo la imputación de Carles Puigdemont , Marta Rovira y otras diez personas por un delito de terrorismo relacionado con el fallecimiento por infarto de un ciudadano francés en mitad de esas movilizaciones.

El acuerdo alcanzando con los partidos independentistas hace mover a los socialistas de su posición inicial, ya que hasta este lunes establecían como "línea roja" tocar cualquier asunto lo relacionado con el redactado en la ley de los delitos de terrorismo . "Los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley, y ese es un principio en el que estamos muy convencidos", dijo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, la semana pasada. 

El acuerdo alcanzando con los partidos independentistas hace mover a los socialistas de su posición inicial, ya que hasta este lunes establecían como "línea roja" tocar cualquier asunto lo relacionado con el redactado en la ley de los delitos de terrorismo

El propio Bolaños defendió este martes la corrección en la ley, matizando sus palabras: "Dijimos que el terrorismo se queda fuera de la ley de amnistía y sigue fuera en el caso de vulnerar los derechos humanos". 

Junts confía en seguir moviendo al PSOE hacia sus posiciones, ya que aunque la norma ha mejorado desde que se presentó en noviembre, entienden aún no alcanza el sobresaliente.

Europa Press

Por ende, mantendrán el pulso para incluir otras enmiendas, como la que busca ampliar el ámbito objetivo de la ley y "reforzar la idea de que la amnistía incluya a todo el mundo, como gente acusada por corrupción". Otra corrección pretende extender el periodo de la amnistía para que empiece a contar en noviembre de 2011 al entender que hay causas relacionadas con el procés anteriores a la fecha inicial establecida en el texto, el 1 de enero de 2012.

Los de Junts insistirán en la enmienda transaccionada con ERC en lo relativo a este apartado. En concreto lo que se ha hecho es "adaptar los parámetros", es decir, el cambio consiste en "excluir de la aplicación de la ley de amnistía los casos más graves de terrorismo". 

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Los partidos independentistas, a través de sus enmiendas, pedían suprimir directamente del texto presentado en noviembre el punto que hace referencia a los actos tipificados como "delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal, siempre y cuando haya recaído sentencia firme y hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017.

Ahora, tras la enmienda pactada por el PSOE y los independentistas mantiene la exclusión de la amnistía a "los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal que hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas comprendidas en la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario". 

El nuevo texto, al no acotar las causas de suspensión que posibilitan levantar medidas cautelares, deja abierta la puerta a que esas medidas también se levanten si alguno de los jueces que tiene que aplicar la ley plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para ver si es compatible con el derecho de la UE, como todo apunta a que sucederá.