El revés parlamentario que asestó Carles Puigdemont ha dejado tambaleando al Gobierno. Las esquirlas son muchas. El rechazo de Junts y el poco margen para reflotar la amnistía (los independentistas exigen eliminar todos los delitos de terrorismo, una línea roja que el PSOE no está dispuesta a cruzar al entender que la ley dejaría de ser constitucional) dejan al Ejecutivo en la cuerda floja. Una ruptura política con los catalanes significaría el fin de la legislatura.   

Pero las esquirlas también alcanzan a las elecciones de Galicia del próximo 18 de febrero. El PSOE daba por hecho la aprobación de la ley y una vuelta de página de la agenda política para poder llevar la campaña al terreno más rentable: el económico.

Ferraz pretendía centra el debate de las semanas previas en los buenos datos de una economía que sigue creciendo (la economía española creció un 2,5% en 2023 y pegó un acelerón en el cuarto trimestre en pleno estancamiento europeo) y que sigue generando empleo (se superaron los 21,2 millones de ocupados tras crear 783.000 empleos en 2023, cifra histórica).

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Ahora, con esta tensión máxima por la amnistía, será muy difícil que esta agenda se imponga, admiten los socialistas. Más cuando el PP rentabilizará al máximo la nueva "extorsión" de Puigdemont a Sánchez. 

El PSOE y la izquierda se envalentonaron tras la última encuesta del CIS que pone en riesgo la mayoría absoluta del PP. Según este sondeo, Alfonso Rueda perderían 4,76 puntos respecto al 47,96% de votos logrados en las autonómicas de 2020, que le permitieron a Feijóo sumar su cuarta mayoría absoluta consecutiva.

Los populares lograrían el 43,2% de los votos y una horquilla de 36 a 38 escaños. Solo esta última cifra le garantizaría mantener el poder, pues el Parlamento está compuesto de 75 miembros.

Pedro Sánchez y el candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia, Xosé Ramón Gómez Besteiro.

Europa Press

El PSdeG, que estrena como candidato a José Ramón Gómez Besteiro, repuntaría muy ligeramente. Pasaría de 14 diputados, su peor resultado histórico al igual que en 2016, a una horquilla de 15 a 17. De un 19,3% de votos a un 20,4%.

Las esquirlas del rechazo a la ley de amnistía también alcanzan a las elecciones de Galicia del próximo 18 de febrero. El PSOE daba por hecho su aprobación y una vuelta de página de la agenda política para poder llevar la campaña al terreno más rentable: el económico

Ferraz confía en que el repunte sea mayor y en formar una coalición parlamentaria con BNG -superaría sus 19 actas y obtendría entre 20 y 23 con un 29,3% de apoyos, casi siete puntos más que en 2020- para destronar al PP.

Según el CIS, por el momento, la campaña está mas regionalizada que nacionalizada: los problemas más relevantes de los galles son el paro (13,8%), cuestión seguida de la sanidad (10,3%), la crisis económica (8,2%) y la propia Xunta (5,5%).

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La encuesta también advierte que "los indecisos podrían alterar la balanza, pues el 29,8% de encuestados decide qué papeleta escogerá el 18-F en la última semana de campaña".

El temor en Moncloa es que la amnistía se cuele entre las principales preocupaciones de los gallegos y que los indecisos "castiguen" Besteiro por la inercia que cogerá la disputa con el independentismo en las próximas semanas.