Las cartas ya están sobre la mesa. El PSOE juega en soledad en su afán de corregir los "efectos no deseados" de la ley del "solo sà es sÃ". Las negociaciones con Unidas Podemos están prácticamente rotas. Las enmiendas, etapa que se abre ahora, asoman como la última instancia para un acuerdo que, a esta hora, parece imposible.
Las 13 páginas de las proposición de ley que los socialistas presentaron este lunes en el Congreso no dejan duda del por qué de una interna que, como nunca antes, mantiene en vilo el futuro de la coalición. DifÃcilmente el Gobierno se rompa. Pero, con seguridad, los nuevos recelos tendrán un impacto electoral de relieve.
Los cambios que propone el PSOE minimiza la figura del consentimiento, término sagrado para Podemos. La solución de los socialistas para terminar con la rebaja de penas es la introducción de dos agravantes, el de "violencia" e "intimidación".
Los morados sostienen que estos dos agravantes alteran el espÃritu de la ley debido a que, al igual que pasaba con la anterior normativa, las vÃctimas van a tener que "justificar" que han sido agredidas sexualmente. "Es volver al Código Penal de La Manada", resumió MarÃa Teresa Pérez, portavoz de UP.
La Ley Orgánica 10/2022, del 6 de septiembre, dice lo siguiente sobre el consentimiento: "Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a la circunstancia del acto, expresen de manera clara a la voluntad de la persona".
"Respetando este modelo -introduce la proposición de ley del PSOE- es importante blindar la ley en favor de las vÃctimas y evitar el efecto no deseado de una posible aplicación de las penas mÃnimas de los nuevos marcos legales, para que en casos graves no exista la posibilidad de que se impongan penas bajas".
El texto aclara que no se va a "modificar el corazón de la norma" ya que se mantiene "Ãntegra la definición de consentimiento, esencia de la regulación".
Sin embargo, al detallar las correcciones y modificaciones, la figura queda desnaturalizada al introducir "penas más graves" cuando la agresión sexual se produce con "violencia o intimidación".
En resumen, la pena sube entre uno y dos años con carácter general si hay "violencia o intimidación", lo que supone regresar para las agresiones al marco penal anterior a la ley.
El PSOE propone modificar la redacción el artÃculo 178. Asà quedarÃa de aprobarse el retoque: "Si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación, o sobre una vÃctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, su responsabilidad será castigada con la pena de uno a cinco años de prisión". La texto vigente estipula un horquilla más baja, de uno a cuatro años de prisión.
En caso de no mediar estos agravantes, el "órgano sentenciador" puede imponer la pena de prisión en su "mitad inferior" o multa de 18 a 24 meses, en atención a la "menor entidad del hecho".
También se modifica el artÃculo 179 al agregarse un nuevo apartado. Se eleva de seis a doce años -dos años más la pena mÃnima- "cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vÃa vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vÃas".
La proposición retoca, además, el artÃculo 180 del Código Penal con el objetivo de para elevar las penas cuando en la agresión sexual concurran una serie de agravantes, como violaciones múltiples, agresiones a personas vulnerables, relación de parentesco y uso de armas.
También se modifica el punto 2 del artÃculo 181. Textual: "El tribunal podrá imponer la pena inferior en grado, excepto cuando medie violencia o intimidación". Ejemplo: en caso de penetración, el responsable será castigado con penas de 8 a 12 años (la mÃnima hasta ahora de 6); pero si hay "violencia o intimidación", la pena a imponer estará entre los 12 y los 15 años (está mÃnima está en 10 ahora mismo).
Pese a la literalidad del texto, el portavoz Patxi López insistió esta mañana en que solo se "reajustan las penas" y que el consentimiento "no se va a modificar". "Esto no va ni de cesiones ni de egos. Acompañamos a las vÃctimas. Creemos en esta ley y hemos decidido adaptarla", aclaró.
"Vamos a defender durante el trámite parlamentario el modelo del consentimiento, que no se vuelva al código penal de La Manada porque es un retroceso en los derechos de las mujeres que no nos podemos permitir como sociedad", respondió Pérez.
Las diferencias entre los socios son tan marcadas y evidentes que, a diferencia de otros grandes cortocircuitos, no se vislumbra un acuerdo de última hora. La tensión es máxima. Y las consecuencias de tamaña discrepancias, inciertas. Pero negativas para el futuro electoral de la coalición.
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