Las elecciones legislativas del 2009 revelaron, en el comportamiento de los protagonistas de la política local, consecuencias coyunturales y de fondo, entre estas últimas hay una que con el título de “judicialización de la política” conlleva una de las caras de la pelea central de los últimos seis meses: adueñarse de la interpretación de las leyes, normas y reglamentos.

La explicación no es única, pone la mirada sobre el funcionamiento de los distintos representantes partidarios, a quienes a pesar de sus diferencias los une un denominador común: el cambio de escenario, del parlamento a los tribunales. No es intención tratar las cuestiones penales que los pueda involucrar, solo detenernos en este efecto “embudo” que se provoca en la justicia, evadiendo la lucha casi hermeneútica de sus declaraciones, para mencionar alguno de los posibles orígenes y resultados.

Especialistas sintetizan que en el mundo de la filosofía del derecho se suele hacer una diferencia entre el derecho como regulación de la convivencia (y en tal sentido expresión o sub-producto necesario de la política) y la justicia como instancia de resolución de conflictos que no han podido solucionarse previamente (y por lo tanto como fracaso de la política). Así, la “judicialización de la política” puede ser vista, por tanto, como el fracaso de sus protagonistas.

Parafraseando a Von Clausewitz se podría decir que la justicia (y no la guerra) se ha convertido en nuestro país en la continuación de la política por otros medios. Con ello no sólo no se logra dar resoluciones globales y definitivas a los problemas sino que se pervierte a la justicia, aumentando la desconfianza hacia este poder del Estado por parte del hombre común.

Este nuevo y buscado espacio deja traslucir una derrota en el concepto de la negociación política. Es cierto que la historia reciente de nuestro país poco ha ayudado en la generación de una cultura de la negociación (y no confundir con el “negociado”), pero también se ha comprobado que ante una suerte de equilibrio de fuerzas entre oficialismo y oposición el camino elegido fue el del atajo: los juzgados.

En este nuevo contexto, las responsabilidades son compartidas: el Poder Legislativo debiera agotar los esfuerzos para que la discusión y el debate se den en su territorio natural; y el Poder Judicial evitar asumirse como un contra-poder, sí fortalecer las instituciones, pero no gobernar ni legislar. Así, Congreso y Tribunales, son dos estaciones distintas pero de un mismo recorrido.