El Departamento de Estado sigue con enorme atención el tembladeral en el que se convirtió una parte de América Latina. Se trata de un hormiguero regional con conexiones entre distintos países. El Gobierno estadounidense cumplió la advertencia que había hecho días atrás sobre Guatemala. La administración de Joe Biden denunció acciones antidemocráticas en ese país e impuso las sanciones que había anticipado. ¿Cuáles? Aplicó restricciones de visas a más de una decena de personas y sus familiares inmediatos, por "socavar la democracia y el Estado de derecho". En esa lista, incluyó funcionarios del Ministerio Público y otros actores del sector público y privado que, según afirmaron desde el Departamento de Estado, participan en acciones en desmedro de la democracia o el Estado de Derecho en Guatemala.

La Casa Blanca percibe una intencionalidad para trabar la asunción de Bernardo Arévalo, el presidente electo. Arévalo es un político progresista que rompió inesperadamente con la tendencia conservadora de los últimos gobiernos. Con un discurso centrado en combatir la corrupción, ganó en segunda vuelta con el 58% de los votos.

Pero desde que se conocieron los resultados de la primera vuelta electoral, que dieron lugar a un balotaje entre Arévalo y la ex primera dama, Sandra Torres, el proceso político se empezó a enturbiar.

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La Fiscal General Consuelo Porras, junto a otros funcionarios judiciales intentaron suspender al partido ganador y ordenaron una ronda de allanamientos en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Incluso confiscaron las actas de la segunda vuelta, cuyo resultado la otra candidata no reconoció. Durante 20 días, más de 100 puntos en rutas de todo el país estuvieran bloqueados. Los manifestantes exigían la renuncia de la fiscal Porras.

"El Ministerio Público incautó materiales electorales que se encontraban en poder del Tribunal Supremo Electoral, pidió la dispersión forzada de manifestantes pacíficos, ejerció presión para que se separara del cargo al Ministro de Gobernación que protegió el derecho a la protesta pacífica, y pidió que se quitaran los fueros a un miembro del Congreso que expresó públicamente su preocupación ante estas medidas antidemocráticas", aseguró el Portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller.

El Ministerio Público de Guatemala incautó materiales electorales que se encontraban en poder del Tribunal Supremo Electoral, pidió la dispersión forzada de manifestantes pacíficos y pidió que se quitaran los fueros a un miembro del Congreso que expresó públicamente su preocupación ante estas medidas antidemocráticas

La OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también reclamaron "un traspaso de poder que respete la voluntad popular y se atenga al Estado de derecho en Guatemala".

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador coincidió, esta vez, con la política exterior de Biden. AMLO pidió que "dejen gobernar" a Bernardo Arévalo.

El jefe del Departamento de Estado, Antony Blinken. 

AP

Pero las acusaciones sobre un entorpecimiento del traspaso de mando no fueron las únicas que hizo la administración demócrata. Según averiguó LPO, el Departamento de Estado le sumó graves denuncias de corrupción al combo. Los guatemaltecos apuntados son Rocael Reyes Mazariegos, el ex Ministro del Interior; Alberto Pimentel Mata, el ex Ministro de Energía y Minas; y Oscar Rafael Pérez Ramírez, Viceministro de Desarrollo Sostenible. De acuerdo a la información que maneja el gobierno estadounidense, Reyes, Pimentel y Pérez aceptaron sobornos entre 2020 y la actualidad. Así, los tres políticos del oficialismo de Guatemala y sus familiares más directos fueron declarados no elegibles para ingresar a los Estados Unidos.

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Se trata de una jugada fuerte de la Casa Blanca, en un contexto regional convulsionado. Sin tomar partido en favor de los políticos y funcionarios judiciales de Guatemala sancionados, parte de la oposición republicana aprovechó para cuestionar a Biden. ¿Por qué? Señalaron una suerte de doble estándar, al no imponer (por ahora) nuevas multas al chavismo en Venezuela.

"Resulta que Maduro anula descaradamente una primaria en la que participaron 2.4 millones de venezolanos, y la Administración ni siquiera reacciona, y ahora Biden sanciona a Guatemala por ser ´anti-democrático´!, se quejó la congresista de Florida María Elvira Salazar. La presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental hizo puchingball contra el Gobierno: "¡La política exterior de este Presidente es un insulto a la razón!".

Según averiguó LPO, el Departamento de Estado le sumó graves denuncias de corrupción al combo. Los guatemaltecos apuntados habrían aceptado sobornos entre 2020 y la actualidad. Así, los tres políticos del oficialismo y sus familiares más directos fueron declarados no elegibles para ingresar a los Estados Unidos. 

La queja de Salazar refiere a la maniobra de Nicolás Maduro para desconocer la reciente votación en las primarias venezolanas. La dirigente de centroderecha María Corina Machado se impuso en las elecciones para elegir a un candidato de la oposición que compita en las presidenciales del año próximo. Pero Maduro denunció fraude, tras el descongelamiento en las negociaciones del gobierno venezolano con la administración de Biden.

Si bien todavía no impuso nuevas sanciones al régimen de Maduro, el Departamento de Estado analiza la posibilidad. Lo confirmó el Secretario de Estado Anthony Blinken en el Congreso. Lo dijo ante una pregunta del Senador Republicano Marco Rubio de Florida.

"Por supuesto tomaremos las medidas necesarias. Hemos sido muy claros al respecto. No están obteniendo vía libre para las acciones que toman que están en contradicción con los compromisos que han asumido para avanzar hacia elecciones libres y justas, que es un objetivo compartido que tenemos con la oposición, la Plataforma Unitaria. Así que lo estamos siguiendo con mucho cuidado y estaremos encantados de volver con usted a medida que esto avance", planteó Blinken ante el republicano Rubio.