La decisión del juez federal de Texas Andrew Hanen, sumado a un fallo que prohibió a miles de cubanos con el documento I-220A aplicar a la Ley de Ajuste Cubano, representó un terremoto para miles de inmigrantes latinos en los Estados Unidos. Los fallos incluso generaron un efecto inusual. Los demócratas de Florida coincidieron con algunos republicanos en repudiar las sentencias. Porque si bien la resolución del tribunal de inmigración encierra un desaire al gobierno de Joe Biden, a su vez perjudica a miles de cubanos que se encuentran en un limbo legal. Y ese universo de inmigrantes se identifica más con los políticos republicanos, como la congresista cubana estadounidense por Florida María Elvira Salazar.

"No es una buena decisión la del tribunal, pero el gobierno de Biden puede tomar una decisión al respecto", afirmó Salazar, una de las congresistas latinas de más estrecha relación con Donald Trump. La Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos decidió que miles de cubanos no podrían ser elegibles para recibir la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano. Se trata de las personas que entraron a Estados Unidos por la frontera y fueron liberados con un documento conocido como I-220A. La corte consideró que el documento que recibieron unos 500 mil cubanos tras cruzar la frontera no cumple los requisitos de haber sido "inspeccionados y admitidos" en EEUU, como exige la Ley de Ajuste.

Los demócratas de Florida fueron mucho más explícitos y más amplios en su rechazo. Y le apuntaron a las tres noticias que afectaron a los inmigrantes en los últimos días: la declaración de que el DACA es ilegal; la negación de tarjetas de residencia a miles de inmigrantes cubanos; y el posible rechazo de un estatus TPS ampliado a los nicaragüenses.

"Esta semana ha sido absolutamente devastadora para la comunidad de inmigrantes de Florida y para los inmigrantes de todo el país", dijo ante este medio la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried. "El fracaso del Congreso durante décadas para arreglar nuestro fallido sistema de inmigración ha causado dolor y sufrimiento innecesarios a millones de personas que buscan vivir el sueño americano", agregó Fried, quien además es una firme opositora a las políticas del gobernador Ron DeSantis en el Estado del Sol.

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Florida, sin embargo, no forma parte de los estados que hicieron la presentación ante el juez Hanen. El fallo reciente del magistrado de Texas declaró ilegal una versión revisada del programa DACA, que protege a cientos de miles de inmigrantes que llegaron irregularmente cuando eran nenes a los Estados Unidos. La decisión de Hanen no afecta a las personas ya inscritas en el programa, pero sí impide que se registren nuevos solicitantes e implica de golpe a la administración de Biden.

Esta semana ha sido absolutamente devastadora para la comunidad de inmigrantes de Florida y para los inmigrantes de todo el país

El gobierno demócrata había introducido esta versión revisada el año pasado para "preservar y fortalecer" la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). El objetivo era evitar que los republicanos eliminaran ese programa que se lanzó en 2012, durante la administración Obama. 

AP

Pero en enero, nueve estados (Texas, Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi) presentaron una demanda contra la medida. Nombrado en 2002 por el entonces presidente George W. Bush, el juez dictaminó que el programa DACA es ilegal. Y planteó que el poder de aprobar una legislación que proteja a los inmigrantes corresponde al Congreso y no al gobierno. La decisión será apelada ante la Corte Suprema.

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Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, a finales de marzo, 578.680 inmigrantes estaban inscritos en el programa, que les permite residir y trabajar en Estados Unidos. Aunque llegaron al país siendo menores de edad, muchos de estos beneficiarios, conocidos como "Dreamers", ahora son adultos.

Sobre la negación de tarjetas de residencia a miles de inmigrantes cubanos, la congresista María Elvira Salazar opinó: "Hay esperanza, la administración de Biden y del Secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas, que es cubanoestadounidense, saben muy bien que es imposible dejar en el limbo a medio millón de cubanos que tienen la I-220A. Independientemente de la decisión judicial, el gobierno debe darle un permiso a los que ya están dentro de los Estados Unidos".

 No es una buena decisión la del juez, pero el gobierno de Biden puede tomar una decisión al respecto 

La demócrata Fried reclamó una solución de fondo para el problema que esta semana fue tratado por dos fallos judiciales distintos, pero con sentidos políticos similares. Expresó: "Ya no podemos depender de curitas políticas. Es hora de que el Congreso deje la política a un lado y apruebe una reforma migratoria integral, que incluya vías permanentes hacia la ciudadanía para los 'Dreamers' y mayores protecciones para quienes huyen de la persecución política".

En paralelo a la decisión judicial, el Departamento de Seguridad Nacional anunció días atrás viernes que ampliará, de 60 días a 18 meses, el plazo para renovar el amparo contra la deportación que brinda el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) por motivos políticos a inmigrantes de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal y Sudán.