Con la reforma migratoria a punto de naufragar en el Congreso, el gobierno y las distintas agencias federales analizan opciones para seguir operando en la frontera. Uno de los departamentos que evalúa alternativas es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La posibilidad que considera tendrá enormes consecuencias políticas y electorales. El ICR planea liberar miles de personas capturadas y reducir drásticamente su capacidad para retener detenidos.

La mayoría de los detenidos bajo custodia de ICE no son inmigrantes arrestados en ciudades de Estados Unidos por delitos, sino recién llegados sin papeles a la frontera con México. Esas personas quedan a la espera de ser deportadas, de recibir un fallo judicial (favorable o no) o de calificar para las generosas políticas de asilo de la administración de Joe Biden.

Actualmente el ICE funciona con un déficit presupuestario de 700 millones de dólares. Esta agencia nacida al calor de los atentados terroristas de 2001 viene reclamando más fondos desde hace meses. "El Congreso necesita aprobar la legislación que fue acordada para miembros de ambos partidos políticos, para darnos las herramientas y recursos que necesitamos para expandir nuestra capacidad de imponer consecuencias en la frontera y aumentar la seguridad nacional", afirmó días atrás el argentino Blas Núñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional. El funcionario dialogó con LPO y otros medios.

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Ahora, para ahorrar fondos, los funcionarios de ICE evalúan la posibilidad de liberar miles de personas capturadas y de reducir la capacidad física de detención. Según reveló el diario The Washington Post, el ajuste implicaría pasar de 38.000 camas a 22.000.

El proyecto bipartidista impulsado por la Casa Blanca y los republicanos dialoguistas contemplaba darle 6.000 millones de dólares extra para reforzar sus operaciones. Pero ese acuerdo fracasa en cámara lenta, petardeado por los halcones de la oposición. Donald Trump se resiste a "regalarle" ese escenario a Biden en medio de la campaña y ante un tema tan sensible como el de la crisis migratoria. 

Para ahorrar fondos, los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas evalúan la posibilidad de liberar miles de personas capturadas y de reducir la capacidad física de detención. El ajuste implicaría bajar de 38.000 a 22.000 camas 

Por el contrario, los republicanos están al ataque. La Cámara de Representantes acaba de aprobar un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Si bien es improbable que el impeachment avance en un Senado controlado por los demócratas, se trató de una votación histórica. El cubano-americano Mayorkas se convirtió en el primer secretario de gabinete sometido a juicio político en casi 150 años. 

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"Mayorkas y Biden implementaron un plan de captura y liberación que allanó el camino para que millones de inmigrantes indocumentados fueran liberados directamente en comunidades estadounidenses", opinó ante este medio el vocero del Partido Republicano Jaime Florez.

AP

Enero marcó otro récord negativo para la Casa Blanca. Según datos oficiales, 176.205 inmigrantes indocumentados fueron encontrados en la frontera sur. Se trata de una baja sensible respecto al último tramo del 2023, pero es igualmente el enero de mayores detenciones en el ciclo de Biden.

"La política fronteriza de Biden supera la cifra de 9 millones de inmigrantes irregulares en su gobierno", se queja Ronna McDaniel, Presidenta del Comité Nacional Republicano. Y agrega que Estados Unidos se encuentra ante un desastre de seguridad nacional, una epidemia de opioides y una crisis humanitaria con la frontera sur abierta.

El congreso necesita aprobar la legislación que fue acordada para miembros de ambos partidos políticos, para darnos las herramientas y recursos que necesitamos para expandir nuestra capacidad de imponer consecuencias en la frontera y aumentar la seguridad nacional

Ante el tamaño innegable de la crisis, la administración demócrata modificó su libreto en los últimos meses. De hecho, el proyecto de ley impulsado por el gobierno supone un aumento de los controles y los requisitos para otorgar asilos. La reforma además le daba 7.600 millones de dólares al ICE en general, incluidos 2.600 millones para vuelos de deportación y 3.200 millones para ampliar la capacidad de detención, sumando miles de camas. Es decir, lo opuesto de lo que podría ocurrir en breve. La agencia a su vez tiene contratos con decenas de cárceles locales y de condados para ubicar a los detenidos durante semanas y meses.

Pero Biden no quiere mostrarse débil ante el desborde en la frontera. Su táctica es exponer a Trump como responsable de la crisis, por la falta de acuerdo en el Congreso, y a la vez endurecer su discurso sobre política migratoria. 

Desde el 12 de mayo pasado, cuando terminó la emergencia restrictiva del Título 42, a raíz de la pandemia, el gobierno concretó más de 530.000 retornos, repatriaciones y expulsiones. "Seguimos imponiendo consecuencias graves para las personas que cruzan de forma ilegal. Se trata de mudanzas a países de todo el mundo, y supone un récord para ese período de tiempo", se jactó el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración.