La crisis fronteriza se juega en varios escenarios en simultáneo. El acuerdo bipartidista impulsado por Joe Biden se empantana en el Congreso, tanto en el Senado como la Cámara de Representantes, por orden de los halcones trumpistas. El expresidente y sus seguidores se niegan a facilitarle un avance al gobierno demócrata en un tema tan sensible electoralmente. A raíz de esa estrategia, Biden ensaya un contragolpe. Su táctica es exponer a Trump como responsable sin dejar de actuar, para no mostrarse débil e impotente ante el desborde migratorio. 

Respecto al problema en sí, la Casa Blanca analiza un plan B. Según averiguó LPO, el gobierno no descarta tomar medidas ejecutivas que no requieren aval del Congreso. Pero el oficialismo todavía no se resigna a que el proyecto de reforma naufrague. 

"Como destacó nuestro presidente, el congreso necesita aprobar la legislación que fue acordada para miembros de ambos partidos políticos, para darnos las herramientas y recursos que necesitamos para expandir nuestra capacidad de imponer consecuencias en la frontera y aumentar la seguridad nacional", afirmó el argentino Blas Núñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional. El funcionario dialogó con LPO y otros medios.

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Núñez-Neto puso en pausa su tono políticamente aséptico y definió al proyecto como un "acuerdo justo, duro y que toma medidas significativas para abordar desafíos que enfrentamos en la frontera tras décadas de inacción en el Congreso". Y agregó que "vamos a insistir para que el partido republicano pare de hacer juegos políticos y enfrente el problema que tenemos".

Núñez-Neto puso en pausa su tono políticamente aséptico y advirtió:"Vamos a insistir para que el partido republicano pare de hacer juegos políticos y enfrente el problema que tenemos".

En paralelo, desde un acto de campaña realizado en Nueva York, Biden aseguraba que algunos congresistas republicanos comprometidos con el plan de reforma "se están retirando en el último minuto porque Donald Trump los llamó y los amenazó".

El argentino Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad.

El subsecretario de Política Fronteriza reconoció que el debate sobre la inmigración polariza al país. "Por eso no vimos una nueva legislación desde hace décadas", explicó. La última gran reforma a las leyes de migración se realizó en 1986, cuando el expresidente Ronald Reagan permitió que millones de indocumentados que ya vivían en el país regularizaran su situación.

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"Pero tenemos alguna esperanza de que ambos partidos reconozcan la seriedad del problema acá y en todo el mundo y aprueben la ley", rogó en ronda de medios el funcionario de Biden. 

En la conferencia también estuvo Jason Owens, jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Owens aseguró que trabaja junto a los funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y reveló una nueva modalidad en los intentos de cruces. "Vemos hombres solteros que tratan de pasar como si fuera parte de una familia con niños drogados. Lo vemos frecuentemente. Estamos colaborando con fiscalía para imponer cargos graves", adelantó.

Desde el 12 de mayo pasado, cuando terminó la emergencia restrictiva del Título 42, a raíz de la pandemia, el gobierno concretó más de 530.000 retornos, repatriaciones y expulsiones. Una cifra récord para ese período

Desde el 12 de mayo pasado, cuando terminó la emergencia restrictiva del Título 42, a raíz de la pandemia, el gobierno concretó más de 530.000 retornos, repatriaciones y expulsiones. "Seguimos imponiendo consecuencias graves para las personas que cruzan de forma ilegal. Se trata de mudanzas a países de todo el mundo, y supone un récord para ese período de tiempo", se jactó el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración. 

El proyecto de ley impulsado por la Casa Blanca supone un endurecimiento de los controles y los requisitos para otorgar asilos. Le daría al presidente el poder de cerrar la frontera si la detección de migrantes alcanza un promedio de 4.000 por día durante una semana. Además aumentaría el personal fronterizo y sumaría 100 jueces de inmigración. El acuerdo a su vez financiaría la compra de 100 nuevas máquinas para detectar fentanilo en la frontera y aumentaría las penas por tráfico.