Las obras de la nueva usina en Aña Cuá se encuentran suspendidas por serios problemas financieros del consorcio Aña Cuá ART, integrado por las empresas Astaldi, Rovella Carranza y Tecnoedil. Y la incertidumbre desatada luego de conocerse la orden del presidente argentino Javier Milei de que "toda obra pública debe parar si no tiene respaldo financiero" ocasionó el despido de más de 450 obreros paraguayos y un número aún desconocido del lado argentino. 

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) notificó al consorcio, ligado al senador colorado Luis Pettengill, que debe retomar los trabajos bajo amenaza de rescindir el contrato que supera los 350 millones de dólares. La ministra del Trabajo, Mónica Recalde, confirmó a LPO la intervención de su cartera en el conflicto que deja ya dejó sin trabajo a cientos de obreros.

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Aña Cuá ART le respondió a la EBY que la suspensión de las obras responde a la falta de definiciones por parte del gobierno argentino, cuyo presidente prometió paralizar la obra pública en su país, una medida que afecta a la binacional.

Las obras de la hidroeléctrica Aña Cuá iniciaron hace más de tres años y desde el vamos el consorcio dice enfrentar una serie de problemas en sus finanzas, lo que llevó a solicitarle a la EBY una ampliación del presupuesto para cumplir con proveedores, proporcionar herramientas a los trabajadores y hacer frente a los insumos, y así llegar con los plazos establecidos en el contrato de adjudicación.

El presidente argentino Javier Milei.

Telam

La gran mayoría de las obras de hormigón, ya colocadas en los muros de contención de la nueva represa, cuentan con fisuras que suponen un riesgo para la hidroeléctrica y obligó a la binacional a no emitir las certificaciones correspondientes, lo que produjo un atraso en el desembolso de los fondos. Sin embargo, de acuerdo a fuentes en Yacyretá, los atrasos no responden a una falta de pago, sino al déficit financiero de la empresa contratista.

Este medio accedió a la notificación de la EBY a la empresa contratista a cargo del ingeniero Pascuale Buonnano, en la que exige "la reanudación de los trabajos, en un plazo de 48 horas hábiles, a los efectos de dar cumplimiento de las obligaciones contractuales bajo apercibimiento de declarar rescindido el contrato a su exclusiva culpa".

No hay excusas del contratista de no disponer de frentes liberados para la ejecución de trabajos, ni para las actividades previstas para el mes de enero, ni para los meses subsiguientes

Parte de la nota señala que "no hay excusas del contratista de no disponer de frentes liberados para la ejecución de trabajos, ni para las actividades previstas para el mes de enero, ni para los meses subsiguientes". En otra parte de la notificación se lee que "desde mediados del mes de diciembre 2023 esa contratista dispone de obras de suficiente cantidad de Sikadur 52 para inyectar en las fisuras del bloque". "Esta demora en la reparación de fisuras es de su exclusiva responsabilidad", dice la EBY.

En la nota, firmada por Enrique Ramírez, representante de la gerencia de Aña Cuá de la EBY, se critica además la decisión unilateral del consorcio de extender el receso vacacional de los trabajadores, que tacha de "inentendible a inadmisible ya que repercute negativamente sobre la marcha de los trabajos".

Mónica Recalde, ministra de Trabajo.

Gentileza

Vidal Cáceres, abogado del Sindicato de Trabajadores de la Construcción del Brazo Aña Cuá, indicó que "las empresas adjudicadas para el montaje electromecánico ya enfrentan los problemas de las series de irregularidades estructurales que existen y probablemente retrasen sus obras". 

"El consorcio viene reclamando una ampliación en el presupuesto porque el viene realizando los trabajos a pérdida. Este cambio de gobierno ha suspendido el avance de todas las obras que no cuenten con respaldo financiero. Y esto ha motivado al despido de obreros del lado argentino y paraguayo", explicó.

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El sindicalista admitió a LPO que los argumentos para solicitar a suspensión de una obra deben ser por falta de materiales o causas de fuerza mayor que imposibiliten su desarrollo. "No pueden pedir la suspensión de las obras con el despido de los trabajadores. Si desean rescindir debe pagar primero el 50% de salario básico durante la suspensión que puede ser durante 90 días. Estamos aguardando que el Ministerio del Trabajo nos notifique para la tripartita", dijo Cáceres.

Recalde atenderá la denuncia del sindicato de trabadores por supuestas violaciones del contrato colectivo por parte del consorcio y se fija para este miércoles la primera reunión entre los sectores para encontrar una salida al conflicto. Sin embargo, en el gobierno esperan una señal de lado argentino que se demora en llegar.