El gobierno de Pedro Sánchez logró imponer el confinamiento obligatorio de Madrid ante el rebrote de coronavirus, a pesar de la resistencia de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) que amenaza con impugnar la medida en la justicia.

La negativa de Ayuso a imponer restricciones en Madrid -que derivó en una disputa política entre el PP y el PSOE- había obligado al Ejecutivo español a buscar una fórmula para tratar de salir del tironeo. Esa fórmula -aceptada inicialmente por Madrid- implica ampliar las restricciones en los municipios y ciudades con una incidencia superior a los 500 casos por 100.000 personas en los últimos 14 días, entre otros factores.

La propuesta fue aprobada este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud con el respaldo de 13 comunidades autonómicas pero el rechazo de Madrid Andalucía, Galicia, Murcia y Ceuta (todas ellas con presidentes del PP), Cataluña y Melilla. Este jueves fue publicada en el Boletín Oficial y debe hacerse efectiva en 48 horas. "Este acuerdo será de obligado cumplimiento para todas las comunidades y ciudades autónomas", indica.

Según la resolución publicada en el BOE, en la actualidad hay en España 11 municipios de más de 100.000 habitantes (que incluyen 4.988.601 habitantes) con tasas de incidencia superiores a los 500 casos por 100.000 habitantes. La tasa promedio de estos municipios es de 892 casos por 100.000 en los 14 días valorados, más de tres veces la incidencia nacional, si bien la situación de estos territorios no es homogénea.

En todas esas ciudades se restringirá la entrada y salida de personas, salvo para aquellos desplazamientos adecuadamente justificados. Además, no podrá haber actividades sociales o familiares de más de seis personas. Los locales comerciales deberán tener un aforo máximo del cincuenta por ciento y la hora de cierre no podrá superar las 22:00 horas, entre otras restricciones.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa

EFE

La Comunidad de Madrid ya anunció que no acatará la orden y que estudia recurrir el acuerdo porque considera que no tiene validez jurídica al no haber sido tomada por consenso. "Estamos estudiando con el abogado de la Comunidad y estamos viendo de qué manera hacemos las cosas correctamente. No hay criterios para hacer esas restricciones de movilidad con unos criterios a vuela pluma", dijo Ayuso. Una de las vías sería recurrir al Tribunal Supremo.

La presidenta madrileña ha recalcado que en su artículo 14 el Consejo Interterritorial "obliga a plasmar recomendaciones bajo consenso" pero opina que se demostró que éste "no es el afán del Gobierno". "Ha estado desaparecido y ahora tiene muchas prisas en imponer todo por decreto, por imposición", agregó.

Por otro lado, ha insistido en buscar "fórmulas intermedias" para evitar "confinar a todo el mundo", ya que considera que el "plan" del Ejecutivo de Pedro Sánchez para imponer restricciones a la movilidad en diez municipios madrileños "destroza Madrid sin criterio". "Madrid tiene un plan muy claro: detectar quién está contagiando y obligarle a hacer unas cuarentenas", ha dicho. Un plan que, a su juicio, "ya está dando sus frutos" y "es el mejor", ya que "lo están haciendo ahora mismo la administración en Estados Unidos y muchos otros países": "test rápidos, cuarentenas y que la vida siga".