El gobierno de Pedro Sánchez logró los votos necesarios para aprobar un megapaquete de medidas destinadas a paliar los efectos que la guerra en Ucrania está generando en España. Se trata de un "Plan de choque" que cuenta con ayudas segmentadas para familias y trabajadores; para el tejido empresarial; transportes; la ciberseguridad y la energía. Incluye 6.000 millones de euros en ayudas directas, 10.000 millones en préstamos ICO (Instituto de Crédito Oficial) y una bajada de 20 céntimos del combustible para todos los ciudadanos, no solo los transportistas, entre otras medidas.

El desafío central está en alivianar al suba de los precios del combustible agudizados por el conflicto bélico y que tiene al país con niveles de inflación récord en su historia. Sánchez tuvo intensas negociaciones con sus aliados de Podemos y los grupos parlamentarios que lo apoyaron en su investidura, como el de los catalanes de ERC. Justamente ese voto se perdió producto del escándalo de espionaje contra líderes independentistas que involucrarían a las más altas esferas del gobierno español y los catalanes piden un rápido esclarecimiento. 

En un guiño a Podemos, Sánchez propone vetar despidos y limitar la suba de alquileres

Para que el plan salga adelante el Gobierno incluyó dos de las grandes exigencias de Unidas Podemos, su socio minoritario: un veto a los despidos y un límite durante tres meses a una subida de los alquileres del 2%. Hasta el 30 de junio ninguna actualización de la renta podrá superar esa porcentaje.

Sánchez descartó de plano un impuesto extraordinario a las eléctricas -principal exigencia Podemos-, pero cedió en el veto a los despidos y en el límites a los alquileres, dos puntos que no estaban en su agenda. De esta manera, el Ejecutivo se aseguró el apoyo clave de Podemos, en duda tras los fuertes y ríspidos encontronazos por el viraje histórico respecto al Sáhara o por anuncios como el aumento del gasto militar, entre otras tantas diferencias de gestión.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, destrabó la votación con su sí.

Europa Press

Sánchez llegó al momento de la votación sin certezas y barajó hasta último momento incluir exigencias del PP con el riesgo de hacer volar por los aires su coalición. Sin embargo, el apoyo de última hora de los vascos de EH Bildu, también en tensiones por el masivo espionaje a los líderes catalanes, destrabó una convalidación que, por errores autoinflingidos, estuvo a punto de naufragar. Pero la gobernabilidad del Ejecutivo queda muy condicionada por un bloque de investidura que está, literalmente, roto.

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Las cuentas le salen al oficialismo para la votación: 176 síes frente a 172 noes. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se subió este jueves por la mañana al atril del Congreso sin saber cuál iba a ser el destino del decreto. A esa hora contaba con 170 votos positivos, insuficientes para convalidar el decreto. Con esos números, el Gobierno necesitaba del salvavidas del PP: su abstención.

El desafío central está en alivianar al suba de los precios del combustible agudizados por el conflicto bélico y que tiene al país con niveles de inflación récord en su historia.

 Pero la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, anunció minutos más tarde el voto a favor. Claro que no fue un sí gratuito. Los independentistas vascos dejaron bien en claro que la "confianza está tocada" y que el espionaje marca un "antes y un después" en la legislatura.

"Una vez más actuaremos con responsabilidad. Aprobaremos este decreto. La gente no puede pagar los graves errores de este gobierno. Pero que nadie se confunda, aprobaremos este decreto por la gente, no por el gobierno. La paciencia tiene un límite", advirtió Aizpurua.

 Al fin y al cabo, Pedro Sánchez logró la aprobación de su plan y abrochó así objetivo prioritario de gobierno en medio de un escenario de fuertes disputas internas y ante la latente amenaza del retorno al poder de la derecha (el PP) en coalición con la ultraderecha de Vox.