La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Publico Fiscal de la Nación (AFFUN) cuestionó al oficialismo por las citaciones a jueces y fiscales a declarar en el juicio polÃtico contra la Corte Suprema en el Congreso.
La entidad emitió un comunicado luego de que la semana pasada el kirchnerismo interrogó en la comisión al juez federal Sebastián Ramos y citó al fiscal Carlos Stornelli, además de tomarle declaración a funcionarios de la Corte.
La AFFUN expresó "profunda preocupación" por las citaciones de la comisión y porque jueces y fiscales sean "interpelados por la procedencia o pertinencia de resoluciones o dictámenes" en un proceso que apunta a los ministros de la Corte.
La asociación recordó que los fallos y dictámenes "ya se encuentran sometidos a los controles recursivos y administrativos exigidos por el ordenamiento procesal vigente, existiendo un procedimiento especÃfico y diferente para el cuestionamiento del desempeño de los/las magistrados/as". Las citaciones ya habÃan sido cuestionadas por la asociación de jueces.
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"La citación en carácter de testigos, exigiendo que los fiscales declaren bajo juramento sobre su propio proceder o sobre cuestiones inherentes a las partes de una causa, no solo puede traer aparejadas violaciones de garantÃas constitucionales básicas, sino que también pueden interpretarse como perturbaciones al ejercicio de sus funciones, afectando la seguridad jurÃdica de un Estado Democrático", alerta la entidad que preside Ricardo Toranzos.
La AFFUN remarca que "es oportuno indicar que la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (ley 27.148) en su artÃculo 63, inciso b) establece que los fiscales están exentos del deber de comparecer a prestar declaración como testigos ante los tribunales, en cuyo caso deberán responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes".
Es por eso que la asociación le pidió a las autoridades parlamentarias "la mayor prudencia posible" en su accionar "para evitar cualquier interpretación de injerencia indebida en perjuicio del principio de separación de poderes, que prohÃbe asumir a los otros poderes del Estado, de manera indirecta, funciones jurisdiccionales".
"Este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial", aclara la asociación en el final del comunicado.
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