Tucumán parece ofrecer un pequeño laboratorio de como puede funcionar la idea de Javier Milei de cargar sobre la política el mayor peso del ajuste sobre la política, con la curiosidad que es el peronismo el que se atrevió a dar el primer paso.
La decisión de la flamante intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, de ajustar la planta de personal del municipio echando a 550 empleados pasados a planta sobre el final de la gestión de su antecesor, Germán Alfaro, un larretista que integró Juntos por el Cambio, abrió un áspero conflicto político que amenaza con trasladarse a la calle.
En sintonía con el discurso de ajuste del gasto político que propone Milei y el gobernador Osvaldo Jaldo, la intendenta dispuso días atrás el despido de 550 municipales con el argumento que fueron designados por Alfaro poco antes de dejar el cargo y no cumplían función alguna.
En respuesta, los despedidos convocaron a una marcha de protesta a la Municipalidad para este lunes y desde el entorno de la intendenta afirman que estaría motorizada por el exintendente.
En las últimas horas, incluso trascendieron chats donde se incita a "hacer quilombo en la puerta" de la Municipalidad y se propone que la protesta vaya "de menor a alta intensidad esta semana".
En sintonía con Milei, Jaldo achica fuerte el Estado
Las fuentes consultadas incluso sostuvieron que la organización de las protestas se habría dado durante una reunión en la sede del Partido por la Justicia Social (PJS) que conduce Alfaro.
"No voy a dar ni un paso atrás, se acabó el patoterismo, voy defender el bolsillo de los vecinos de esta amenaza inadmisible", dijo Rossana Chahla ante el anuncio de las protestas.
Consultado por LPO al respecto, Alfaro negó estar detrás de la marcha: "Vi mucha gente con bronca pero no me hago cargo de lo que pase este lunes", dijo. Y agregó que este lunes no estará en la capital tucumana, ya que viajará a Buenos Aires.
Sobre la supuesta incorporación de contratados sobre el final de su gestión, Alfaro dijo que "no fue gente incorporada, sino titularizada" y aunque reconoció que la decisión se tomó en los meses previos a dejar el mando, agregó que el proceso "venía desde abril".
"Quieren hacerle creer a la gente que son ñoquis, pero son laburantes, gente humilde que cobra 220 mil pesos", señaló Alfaro y adelantó que su espacio representará en la Justicia a los despedidos con la presentación de un amparo colectivo.
Por su parte, el contador general del municipio, Marcelo Albaca, reveló que al asumir se encontraron con alrededor de cien personas que estaban en la sede municipal "y querían conocer dónde tenían que prestar servicios, porque ni siquiera ellos sabían".
"Desde junio hasta octubre, hablamos de 1.700 nombramientos en planta permanente que realizó la gestión anterior", denunció Albaca. Por eso, la intendenta Chahla instruyó a "constituir una comisión para evaluar, en cada caso concreto, las incorporaciones dispuestas desde el 1 de junio de 2023".
Luego del triunfo ajustado de Chahla sobre Beatríz Ávila, esposa a Alfaro, las tensiones de la campaña y del escrutinio definitivo se trasladaron a la transición. Según Alfaro, fue su sucesora quien "no se quiso reunir" para ordenar el pase de mando.
El exintendente se defiende y dice que dejó el municipio con ingresos por 5.200 millones, de los cuales sólo 1.700 millones se destinan a pagar los sueldos de los más de 6.700 empleados que tiene la comuna. "Ese número de personal está por debajo de la media para ciudades del tamaño de San Miguel", sostiene el ex intendente de la ciudad más grande del norte argentino.
El conflicto se cruza además con la tensión evidente que generó en el oficialismo tucumano la decisión del gobernador Jaldo de barrer con buena parte de los funcionarios de Manzur.
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Tengo una propuesta superadora. Hacer una comisión con nueve miembros, todos con por lo menos 20 años de experiencia en la función pública, de los cuales cuatro sean de signo político diferente y que se les haga a los 550 cesanteados rendir un sencillo examen en el cual expliquen, de puño y letra: 1- la posición de su repartición pública en el organigrama provincial; 2- su función específica y 3- el perjuicio para el Estado provincial de su cesanteo.
De ahí en más, hay que dejarse de joder y todo cargo en planta permanente tiene que ser por concurso público y abierto
La demoracia se terminó como la conocemos.
Es la hora de los aristócratas del puerto y sus fieles provincianos aliados
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