Venezuela
El Senado aprueba al embajador paraguayo en Venezuela pese a las fricciones con Maduro
"En este caso prevalece la real política", dijo Beto Ovelar. Peña había condenado la arremetida de Maduro contra la oposición, pero el embajador venezolano está en Asunción desde febrero.

El Senado dio luz verde a la designación de Enrique Jara Ocampos como embajador de Paraguay en Venezuela, no sin críticas de algunos legisladores de la oposición por la situación política que atraviesa el país caribeño. "En este caso en particular prevalece la real política y es darle la posibilidad al Ejecutivo de llevar adelante las relaciones exteriores de acuerdo a su entender", defendió Silvio "Beto" Ovelar, presidente del Congreso.

Jara Ocampos, que ya sirvió como embajador en el pasado, será concurrente desde Panamá, al menos hasta que se normalice del todo el vínculo diplomático con Caracas. El embajador de Venezuela en Asunción, Ricardo Capella, presentó las cartas credenciales a Santiago Peña y Rubén Ramírez Lezcano a principios de febrero, luego de que los dos países anunciaran el restablecimiento de las relaciones en noviembre.

Peña recibe al embajador de Maduro y la normalización con Venezuela pasará por los negocios 

El independiente Eduardo Nakayama, que la semana pasada había calificado a Nicolás Maduro de "narcodictador", señaló nadie podía estar ajeno a lo que ocurría en Venezuela y sostuvo que reestablecer relaciones no era el camino, mientras que la liberal Celeste Amarilla pidió al gobierno que explicara "el por qué y qué beneficios traería" a Paraguay. Salyn Buzarquis, del PLRA, y Yolanda Paredes y José Oviedo de Cruzada Nacional también rechazaron la jugada.

Ricardo Capella, embajador de Venezuela en Asunción. 

Ya en campaña, Peña había prometido "desideologizar" las relaciones internacionales y el canciller se puso a trabajar en el acercamiento al chavismo. Esta decisión era parte del plan para borrar el legado de Mario Abdo Benítez en política exterior y una posibilidad de rencauzar las relaciones con Venezuela tras el regreso de Lula da Silva a Brasil y la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, que supuso un entendimiento inicial con Maduro.

Antes de un acercamiento total con Maduro, el gobierno quiere sondear la posibilidad de un mayor intercambio comercial con el país caribeño. El otro asunto que interesa a Peña es la deuda de 300 millones de dólares con la petrolera estatal venezolana PDVSA, que una vez saldada podría reanudar la compra de combustible. La discusión de esa deuda sin intermediarios le permitiría a Paraguay negociar una hipotética quita.

Eduardo Nakayama, Celeste Amarilla, Salyn Buzarquis, Yolanda Paredes y José Oviedo rechazaron la jugada

Pero de noviembre a esta parte, la situación se fue deteriorando aún más en Venezuela. El chavismo le impidió a María Corina Machado, la figura más destacada de la oposición en el país, a las elecciones presidenciales del 28 de julio, y semanas más tarde, detuvo a la activista Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, por supuestamente participar de un plan para asesinar a Maduro. La Cancillería paraguaya condenó ambos hechos y la luna de miel con el régimen duro pocos meses. 

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Maduro prometió que las elecciones se harán con o sin la oposición y un grupo de Senadores estadounidenses, entre los que se encuentran Marco Rubio -que visitó Paraguay recientemente y elogió a Peña- le pidió a Biden que reinstaure las sanciones contra el régimen chavista. A cambio, el presidente venezolano ofreció la detención del exvicepresidente ejecutivo y exministro de Petróleo Tareck El Aissami, envuelto en la causa por corrupción "PDVSA-Cripto", como un gesto a la Casa Blanca. 

Lo cierto es que Maduro se encuentra cada vez más aislado. Pese a la reciente visita de Gustavo Petro, Colombia cuestionó el giro autoritario en el país vecino y Lula da Silva también le soltó la mano. La última iniciativa del chavismo fue la ley contra "el fascismo, neofascismo y expresiones similares" que estipula multas, cárcel y disolución de organizaciones -partidos y ONGs- para aquellos que "ejecuten acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos", lo que se interpreta como una embestida a la ya mermada oposición. 

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