La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, admitió hoy que el conflicto entre Repsol e YPF “complica” las relaciones del bloque con Argentina. La declaración se produce en momentos en que Paraguay, Uruguay y Brasil presionan para acelerar las negociaciones para un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

"Mientras este caso no se resuelva, seguirá siendo una piedra en el zapato en nuestra relación con Argentina. Está claro que es algo que complica la relación", señaló el encargado par Latinoamérica de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, Matthias Jorgensen. Lo dijo durante un encuentro que ese organismo organizó para analizar la expropiación de YPF.

Jorgensen indicó que los contactos con Argentina continúan para tratar de llegar a un acuerdo y ratificó el respaldo a Repsol. En ese sentido, reclamó al Gobierno de Cristina Kirchner una "compensación rápida y adecuada" a la petrolera española.

Finalmente, indicó que la UE no tiene instrumentos para sancionar a la Argentina por lo que ha llevado el caso a diversos foros internacionales, entre ellos la OCDE, que prepara un informe "confidencial" al respecto, según informó la agencia EFE.

Durante el encuentro, el directivo de Repsol Miguel Klingenberg le pidió a la Comisión Europea que “no olvide” el reclamo de la empresa. Aunque reconoció que actualmente el caso es "prioridad uno" para la UE, exigió que "no nos pongan al final de la lista" y deslizó que Argentina podría no cumplir las sentencias judiciales.

Klingenberg recordó que desde la expropiación "no hemos obtenido una compensación en absoluto, ni ninguna indicación de que nos pagarán". No obstante, indicó que su firma permanece "abierta a la negociación", ya que el "mayor deseo" es lograr un acuerdo.

Esta última declaración coincide con la noticia de que el Gobierno argentino analiza realizar un pago unilateral a modo de compensación. Según La Nación, la Casa Rosada depositaría en una cuenta del Banco Nación el equivalente en pesos a 1.500 millones de dólares para intentar cerrar el litigio. Voceros españoles dijeron que esta maniobra "sólo aumentaría la hostilidad y no frenaría los juicios internacionales".