Siguen llegando fallos adversos al gobierno desde Nueva York. El mismo juez que tiene en sus manos el caso de los holdouts y los fondos buitre, Thomas Griesa, se negó a desestimar una demanda colectiva en la que la petrolera Repsol acusa a la Argentina de violar acuerdos de los accionistas de YPF tras su expropiación.

En un dictamen el último viernes, Griesa se mostró en contra de dar por desetimado una class action (como se llama a una demanda colectiva en EE.UU.) en la cual Repsol y la compañía Texas Yale Capital Corp representan a un grupo de inversores de YPF que adquirieron acciones de la compañía pero no recibieron una oferta de compra por parte del gobierno argentino cuando este expropió la compañía.

Según informó Infobae, se trata de una cláusula que se firmó con la Securities and Exchanges Commission, el ente regulador del mercado financiero estadounidense, cuando YPF salió a la bolsa de Nueva York en 1993, con acciones por 1100 millones de dólares.

El acuerdo establecía que, si la Argentina intentara volver a tomar el control de la compañía en algún momento, debería iniciar una oferta pública para todos los tenedores de acciones de Clase D de YPF, que no quieren quedarse con títulos de una empresa bajo control estatal.

Por eso ahora Repsol y Texas Yale Capital lanzaron la demanda que podría llegar a tener el mismo efecto para todos los damnificados, aunque no hayan realizado su propia denuncia contra YPF. Como las empresas aseguran que "ha habido una campaña del Gobierno para reducir la valuación de la compañía", esperan que la Justicia de Nueva York defina el valor de las acciones que el Estado argentino deberá pagar.

Por ahora, Griesa se limitó a denegarle a la Argentina su pedido de que se desestime la demanda: "Repsol trae esta acción en contra de la República Argentina por supuestamente no cumplir con los requisitos de la Bolsa de Valores. La República busca desestimar la causa basándose en Código de Procedimiento Civil. Pero la petición de la demanda es denegada", manifestó el juez en el fallo.

La Argentina argumenta que la cláusula no debe aplicarse porque la expropiación de YPF fue una maniobra que no respondió a intereses comerciales sino que fue un acto “soberano”.