Desde el mismo momento en que lanzaron la reforma del Consejo de la Magistratura, en el Gobierno tenían claro que el principal obstáculo para poder concretarla estaba en los tribunales de todo el país. Por eso, la estrategia fue siempre apostar a la Corte Suprema.

Los operadores oficiales creen que en el máximo tribunal tienen mayores posibilidades de que se avale la elección popular de los consejeros. En los tribunales inferiores está claro que las chances son escasas o, más bien, nulas.

La primera acción del gobierno en este sentido se dio mientras el Congreso debatía el paquete de leyes. En ese momento, la cúpula de la Corte hizo saber -a través de trascendidos- que no avalaría la reforma del Consejo de la Magistratura. Pero todo cambió cuando Cristina Kirchner y Ricardo Lorenzetti acordaron un cambio clave para el máximo tribunal: no le quitaron el manejo presupuestario.

Con la confianza que le dio esta movida, en la Rosada buscaron ganar tiempo y estiraron lo máximo posible la promulgación de la ley de reforma del Consejo. Enviada desde el Senado varios días después de la aprobación en el recinto, el Gobierno esperó hasta el filo legal para publicar la norma en el Boletín Oficial.

Los primeros dos fallos en contra llegaron el viernes pasado desde Mar del Plata y San Nicolás. No sorprendieron a nadie. Mucho menos al Gobierno. A través de los diputados Carlos Kunkel y Julián Domínguez, el kirchnerismo hizo saber que apelará el freno a la elección de consejeros, pero no dieron detalles acerca de sí será una apelación en los tribunales intermedios o recurrirán a la Corte a través de un per saltum.

Según el diario Clarín, la idea oficial es seguir estirando los plazos para que los planteos de inconstitucionalidad lleguen a la Corte sobre el cierre del plazo legal para la presentación de candidatos, el próximo 22 de junio. Así, los jueces se verían forzados a expedirse de forma exprés. La jueza María Servini de Cubría ya avisó que resolverá sobre la cuestión de fondo en la segunda semana de junio, de modo que el Gobierno tendría una sentencia para poder recurrir a la Corte mediante un per saltum.

Pero en la Corte no todas podrían ser buenas noticias para el Gobierno. Una versión recorre este domingo los diarios Clarín, La Nación y Perfil: el máximo tribunal tiene decidido rechazar la reforma impulsada por el Gobierno. Aunque puede que no sean más que especulaciones, habría que recordar otros en los que desde “los pasillos de Tribunales”, los cortesanos anticiparon sus movimientos.

La oposición, sin definiciones

Desde un primer momento, en la oposición tiene un objetivo muy claro en este tema: aspiran a que la Justicia frene la elección popular de los consejeros de la Magistratura, una norma que consideran "groseramente inconstitucional".

El plan B se viene negociando desde hace varias semanas y desde la UCR lo dan por hecho: el grueso de la oposición competirá unida en esa elección. Desde los otros sectores que conformarían ese acuerdo (PRO, FAP y un sector del PJ disidente) son más moderados. Otra parte del antikirchnerismo directamente se diferenció: Adolfo Rodríguez Saá ya se lanzó y el pacto Elisa Carrió-Pino Solanas cada vez más lejos de sumarse.

La decisión de los jueces Alfredo Eugenio López y Martín Alberto Martínez le dio algo de aire a los negociadores de la oposición que, como anticipó LPO, no se ponen de acuerdo en cómo decidir a sus candidatos.

Aunque aseguran que todavía no se habló de nombres para la boleta, la UCR ya hizo circular su intención de postular a Julio César Strassera para encabezar una lista con especialistas en temas jurídicos. Sin embargo, en el resto de las fuerzas no están de acuerdo en postular a una figura de marcada identificación con el radicalismo.

Esta semana, los apoderados de la UCR, el PRO, el FAP y Unión Celeste y Blanco volverán a reunirse para tratar de pulir las diferencias y tratar de avanzar en un consenso para definir los nombres de la boleta. También deben que acordar los aspectos legales de la alianza que se conformaría, la cual debe ser presentada el día 12 de junio.

Lo que sí parece estar definido es el nombre: Frente por la Justicia Independiente (FJI).