La Corte Suprema de Justicia recibió el primer pedido de intervenir directamente, bajo la modalidad de per saltum, en la reforma judicial recientemente sancionada por el Congreso. El planteo fue presentado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez contra la ley que limita el régimen de medidas cautelares contra el Estado.

El abogado recurrió al máximo tribunal ante el rechazo "in limine" de la jueza de primera instancia Cecilia Madariaga de Negre de tratar su planteo, con el argumento de que no había un caso concreto que lo afectara.

Gil Domínguez dijo hoy que en el caso hay "gravedad institucional", que es uno de los requisitos que establece la ley para permitir la aplicación del per saltum. "Después del fallo de primera instancia oportunamente apelé y me toco la Sala I del fuero Contencioso, pero interpuse un per saltum y le notifique a la Cámara planteando que hay una situación de gravedad institucional", señaló el abogado en diálogo con NA.

Al fundamentar su presentación, enumeró que las Naciones Unidas dijeron que "la ley viola el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos; también por los derechos que la ley deja indefensos y porque la comunidad jurídica se ha expedido en contra".

Si bien indicó que el planteo se limita a la ley que regula las cautelares, el planteo de gravedad institucional se expande a otras dos normas sancionadas: la reforma del Consejo de la Magistratura y la de creación de nuevas cámaras de Casación.

Ahora la Corte debe determinar si hay gravedad institucional y en ese caso abrirá el grifo para intervenir en los planteos de las otras leyes cuestionadas del paquete de reforma judicial.

Esta semana el máximo tribunal rechazó un planteo del abogado Ricardo Monner Sans formulado en el marco de una vieja causa contra la anterior reforma al Consejo de la Magistratura, de 2006, que se encontraba apelada en el máximo tribunal. Dentro de este expediente, el letrado pidió que la Corte tratara la nueva reforma.

A esa negativa, la Corte le sumo un aviso de que fallará sobre la nueva reforma antes del 22 de junio, día de la presentación de candidatos a las elecciones primarias.