La Casa Rosada creyó dar vuelta la página de la tragedia de Once con la rescisión del contrato de TBA. Pero ese fantasma todavía persigue al Gobierno . El abogado Gregorio Dalbón, que representa a 65 de los más de 700 heridos que provocó el choque de la formación del Sarmiento contra la estación de Once en febrero pasado, presentará hoy una denuncia contra el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido , por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, según publicó el diario Clarín.
Dalbón advirtió que De Vido se “autoincriminó” la semana última con las declaraciones en las que anunció la quita de la concesión de TBA porque no asoció esa medida a la tragedia sino a “deficiencias del sistema ferroviario” al obrar como si fuera “vocero” de la compañía.
Dalbón, asimismo, advirtió que “no hay que olvidar” las presuntas responsabilidades de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna; y el presidente de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro; todos, citados a indagatoria por el expediente.
“Las declaraciones del ministro De Vido nos hicieron dar cuenta de que, prácticamente, obró de vocero de TBA”, acusó Dalbón, presidente de la asociación Familiares y Víctimas de Accidentes de Tránsito (FAVAT), en diálogo con radio América.
El abogado penalista completó: “Además de obrar de vocero de TBA, se autoincrimina cuando dice que le quita la concesión (a la empresa de la familia Cirigliano) no por la tragedia del 22 de febrero sino por deficiencias en el sistema ferroviario” que depende de su ministerio .
“A partir de esas declaraciones y la quita de concesión, lo vamos a denunciar en la Justicia Federal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque no puede decir que no es por la causa de Once que le quita la concesión (a TBA)”, anticipó.
Dalbón alertó que el ministro “no puede decir con tanta liviandad que (la medida) es porque no estaba bien el sistema ferroviario, que era por deficiencias, que la culpa es del concesionario, cuando, en realidad, el Estado, a través del propio De Vido, es el que debía controlar”.
Las deficiencias en el servicio que brindaba TBA venían siendo advertidas hace años en los informes de la Auditoría General de la Nación y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Si embargo, esas alarmas fueron desoídas por el Gobierno.
Dalbón, al argumentar la denuncia judicial que radicará contra el ministro, sostuvo que De Vido “tiene que ser investigado y no puede llegar a zafar de esta causa”.
Advirtió que el funcionario hace como que “se va abriendo” y se quejó al decir que “el Estado es igual o más responsable que TBA”.
“El Gobierno se empezó a abrir de TBA cuando se dio cuenta de que se vienen las declaraciones de los funcionarios Schiavi y Ricardo Jaime y, de alguna manera, quiere marcar una diferencia para tratar de obtener impunidad en la causa judicial”, alertó.
En ese sentido, advirtió que “tampoco hay que olvidarse de Sícaro y Luna”. Por último, consideró que a Mario y Claudio Cirigliano, dueños de la corporación COMETRANS, a cargo de TBA, al primo de los empresarios, Roque, alto ejecutivo de la ex concesionaria, y a otros “directivos operativos” de esa empresa, puede acusárselos en la causa como “estrago doloso”, pero luego de las indagatorias que deberán afrontar.
