El Ministerio de Economía, que preside Carlos Fernández, ahora evalúa echar a Juan Cayetano Intelisano, director general de Administración de la cartera, el único funcionario que todavía no fue despedido luego de que estallara un nuevo “caso Gecco” cuando se conoció que se lo estaba investigando por presuntas irregularidades en el pago de $54 millones a la compañía asegura extranjera Accolade Pool.

Con la firma de Intelisano la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (CNAS) que depende de Hacienda, le habría pagado una deuda a la empresa que supuestamente tenía más de 20 años pero que no había sido reconocida por la Justicia.

La cartera de Carlos Fernández evalúa ahora echarlo, pero durante más de un año permaneció en el cargo y continuó firmando resoluciones y documentos en un cargo tiene en sus manos juicios millonarios contra el Estado, que manejaba las empresas liquidadas o en liquidación, como el Instituto Nacional de Reaseguro, que gira órdenes de compra y que tiene injerencia en las decisiones de Recursos Humanos dentro del Ministerio. Ahora sale a la luz por la denuncia que presentó el fiscal de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido, ante el juzgado de María Romilda Servini de Cubría, pero Intelisano está bajo la sospecha de corrupción desde diciembre de 2007 cuando el entonces ministro de Economía, Miguel Peirano, giró un sumario interno en el que pedía a la Fiscalía que investigara el hecho.

"Así como este Ministerio ordenó un sumario interno al detectar irregularidades en un trámite de rutina; si la Justicia toma como propia esta investigación, decidirá de inmediato la suerte del único funcionario que hoy sigue trabajando aquí; los otros fueron despedidos", especificaron en Economía al diario Clarín. Los otros dos ahora ex funcionarios a los que se hizo referencia son el ex subsecretario Legal, Osvaldo Siseles, y la ex directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink.

Por qué no echaron a Cayetano

Antes de dejar el cargo, Peirano encontró sospechosos manejos de la caja que manejaba el director y subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial, Juan Cayetano Intelisano y le inicia un sumario interno por una presunta estafa al Estado por $54 millones en diciembre de 2007.

Con estas sospechas, en diciembre de 2007, el entonces ministro lo echa del cargo de subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial y gira la denuncia al titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido. Sin embargo, Intelisano mantiene el puesto de director que, en los hechos, tiene casi tanto poder como un ministro de Economía de una provincia.

Por la jerarquía de su cargo, para echar a Intelisado era necesario un decreto del presidente en ejercicio. Ni Néstor ni Cristina Kirchner lo hicieron. Sin embargo, desde el Ministerio no estaban atados de pies y manos. Podían removerlo de sus funciones. No sería la primera vez que lo hacen para "evitar suspicacias". Pero esto tampoco se hizo.

A este hombre acusado de posible fraude al Estado y que manejaba juicios de millones de dólares, lo dejaron en el cargo un año más. Durante todo 2008 siguió firmando resoluciones como director administrativo.

Cuando asume Cristina Kirchner la presidencia, Martín Lousteau se hace cargo de la cartera de Hacienda y recibe como  bienvenida, este regalo. Según fuentes del Gobierno, la solución que encontró quien supo ser el niño mimado de la mandataria, fue encapsular políticamente a Intelisano.

Como una pelota que rebota, pero sigue en el juego, Intelisano continuó en el cargo dentro del Ministerio de Economía. Y cuando Lousteau es arrollado por el “no positivo” de Julio Cobos que tiró por tierra las retenciones móviles y presenta su renuncia, toma la posta de este problema el actual ministro, Carlos Fernández.

Según fuentes de Hacienda, Fernández intentó apaciguar las acusaciones “por respeto a sus años como compañeros de carrera”. Es que el ministro es un técnico que subió posiciones en la cartera, al igual que Intelisano, con quien compartió muchos años de oficina. Desde el Ministerio advierten que esta simple razón fue la causa por la que no se impulsó la investigación, ni se lo removió de su cargo aún. Pero cuando las denuncias estallaron en el centro de las oficinas de Hipólito Yrigoyen 250, nadie se quiso quedar pegado.

Los mecanismos de una corrupción aggiornada

Se suele creer que la lógica de la corrupción viene de arriba hacia abajo, pero no siempre es así. Según cuentan fuentes de La Política Online en el Ministerio de Economía es al revés.

Los cerebros que piensan estafas y pergeñan movimientos irregulares en las cajas se encuentran enquistados en el mismo equipo técnico. Empleados de carrera que pasan décadas de sus vidas laborales trabajando en distintos despachos del edificio de Hipólito Yrigoyen 250 esperan que se definan los cargos políticos para incluir y acordar los porcentajes de los tratos ilegales.

La corrupción es un problema que aqueja a todos los gobiernos de todos los países. En Argentina se suma que nadie la castiga. Un interrogante hoy es por qué el fiscal Garrido recién ahora denuncia la maniobra ante el juzgado de María Romilda Servini de Cubría cuando tiene el sumario que le giró Peirano desde diciembre de 2007.