El escándalo por el pago irregular de 54 millones que dispuso el Ministerio de Economía al empresario croata, Iván Holjevac, sigue escalando y tal como anticipó La Política Online golpea cada vez más cerca del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, y dos personas de su íntima confianza: la actual subsecretaria Legal del Ministerio de Economía, Alejandra Tadei, y el ex síndicto Claudio Moroni.

El rol de estos dos funcionarios en la aprobación del pago fue una primicia de La Política Online que hoy estalló en los principales diarios y en las radios.

“El Jefe de Gabinete (por Alberto Fernández) no correspondía que interviniera en esto, salvo que se modifiquen partidas presupuestarias”, afirmó esta mañana en radio Mitre el ex subsecretario Legal de Economía, Osvaldo Siseles, acaso conciente de que ponía el dedo en la llaga.

Es que este ex funcionario que dejó el cargo en medio del escándalo del caso Grecco, fue quien en una primera fase recibió las sospechas por este nuevo caso de pagos indebidos, pero luego se supo que en rigor cuando se autorizó el desembolso hace más de un año y medio que había renunciado. Y según publicó La Política Online, fueron dictamenes de su sucesora Alejandra Tadei -una funcionaria cercana a Alberto Fernández y Vilma Ibarra- y el ex titular de la Sigen y hasta hace unos días titular de la AFIP, Claudio Moroni, quienes empujaron el pago.

Incluso, el propio Alberto Fernández confirmó a La Nación que enterado del escándalo que ocurrió a días que termine el mandato de Néstor Kirchner, le pidió a su abogado personal Fabián Musso, que interviniera en el tema. Una decisión por si insólita ya que el Estado cuenta con numerosos organismos para investigar estos temas. Según Fernández llamó a Musso –del estudio del procurador Estában Righi, otro amigo del ex jefe de Gabinete y enfrentado con Garrido-, porque quería formarse “mi propia opinión” del caso.

Siseles muy afilado afirmó hoy que ante este episodio, administrativamente no corerspondía que interviniera el jefe de Gabinete, dejando trascender así que Alberto Fernández tal vez se movió por otro interés. “Nunca Alberto se preocupó por lo que le pasara a un subsecretario, es llamativo como se involucró en este tema”, afirmó a La Política Online un funcionario de Economía.

Cruces de acusaciones

Como sea, Tadei y Siseles salieron ayer a acusarse mutuamente por ponerle la firma a los documentos que permitieron este pago irregular y confirmaron la información que publicó La Política Online, donde se reveló el rol que tuvieron en este nuevo escándalo de presunta corrupción que investiga Garrido y que llegó a la justicia gracias a la oportuna intervención del entonces ministro de Economía, Miguel Peirano, que si bien no denunció a Tadei ni a Moroni, si lo hizo con el enconces secretario Administrativo Cayetano Intelisano, que firmó la orden de pago.

Luego de mantener silencio por 48 horas ante la nota de este medio, Tadei se defendió y afirmó a Clarín: “Yo no autoricé ningún pago. Lejos de haber estado a favor del pago, siempre me opuse y asi lo destaca el informe del fiscal Garrido”, afirmó la funcionaria.

Sin embargo, La Política Online publicó en exclusiva la providencia 038-06, fechada el 18 de octubre de 2006, que lleva la firma de Tadei y es el primer documento incriminatario hacia su rol en el pago al pool de aseguradoras controlado por Iván Holjevac, el croata mencionado en el informe de lavado de dinero del Congreso de la Nación.

Según la copia de la disposición 200 a la que accedió este medio, el 14 de noviembre de 2006 la subsecretaria legal –la albertista Tadei- indicó que “del expediente citado surge que Accolade Pool es titular de créditos firmes emergentes de sentencias extranjeras”.

Y afirma además Tadei que el 13 de agosto de 2007 la Coordinación de Negocios con el Exterior manifestó que “el reclamo impetrado atravesó todas las instancias administrativas correspondientes al Ministerio de Economía sin objeciones”.

Por esto, tras citar incluso un fallo de la Sigen de Claudio Moroni, dispuso: “Apruébase el acuerdo de conmutación suscripto con fecha 23 de octubre de 2007”. Esto es, el pago de 54 millones a Accolade Pool.

“La que dictaminó a favor de este expediente fue mi sucesora, Alejandra Tadei, y hoy ella sigue en Economía. Yo ya me había ido cuando se autorizo este pago, que se concretó un año y medio después”, golpeó Siseles.

Fuentes de Economía afirmaron a La Política Online que el expediente tuvo varias idas y vueltas y “en los últimos tramos Tadei objetó el pago”. Sin embargo, al menos hasta ahora, tadei no aportó ningún documento que pruebe su objeción al pago. Este medio lo solicitó y todavía no tuvo respuesta.

La propia Tadei aclaró a Clarín que "es cierto que Siseles ya no estaba en funciones, pero sí cuando se inició el trámite".

Siseles en radio Mitre le contestó: “Yo no involucro a nadie. La subsecretaria legal del Ministerio de Economía –por Tadei- tiene una providencia del 18 de octubre del 2006 en la que da una pauta de cómo se debe hacer el pago. Cuando esto va a Moroni, Moroni dice que la legitimidad de lo adeudado surge de esta providencia. Acá intervinieron después de que me fui funcionarios de jerarquía. La resolución de Moroni dice que el 14 de noviembre del 2006, ya me había ido hacía medio año, ahí dice que la Subsecretaría Legal del Ministerio manifestó que esta empresa de seguros es titular y aprueba una serie de pagos. Claudio Moroni estuvo en la SIGEN varios años. Si hay alguna firma mía, debe haber algún pase”.

Además, ayer Siseles le mandó una carta documento al ministro Carlos Fernández para pedirle que aclarara que él nada había tenido que ver con el caso. Le recordó que había dejado el Ministerio 16 meses antes del pago y le solicitó que enderezara las investigaciones hacia "los responsables". Según él, Tadei y Claudio Moroni.

Si bien hasta ahora ni tadei ni Moroni están acusados en la denuncia judicial, lo cierto es que ayer Garrido decidió citar a declarar a Tadei, junto a Eduardo Prina, el ex secretario del Ministerio de Economía durante la gestión de Miguel Peirano que ordenó abrir el sumario administrativo y su sucesor en el cargo en tiempos de Martín Lousteau, Javier Pereyra.

También pidió Garrido que se le consultara al Ministerio de Economía qué avances tuvo desde marzo de 2008 la acción de recupero del dinero. Lo hizo en una presentación ante el fiscal del caso, Gerardo Di Masi, que deberá pedirle las medidas a la jueza María Romilda Servini de Cubría.

Precisamente, otro de los aspectos poco claros del caso es que luego de sumariar a Intelisano y quitarle el cargo de Subsecretario en diciembre del 2007, se permitió que este sospechado funcionario de carrera retomara su estratégico cargo de director General de Administración del Ministerio de Economía, función que desempeñó durante todo el 2008 firmando pilas de resoluciones y expedientes. Recién ahora que trascendió mediáticamente el tema, se analiza separarlo de la función.

“Es un tema delicado el de Intelisano, el ministro carlos Fernández aún está evaluando que hacer, porque al ser funcionario de carrera que ganó el cargo por concurso no es fácil sacarlo. Pero es verdad, vamos a tener que mirar con lupa todo lo que firmó en el 2008”, reconocieron fuentes de Economía a La Política Online.