Con sorpresa he leído en la edición del día de hoy una nota titulada “No nos pregunten más por el croata”, en la que se me atribuye, junto con Fabián Musso y Claudio Moroni, algún tipo de inconducta respecto del accionar seguido una vez que se detectó en el ámbito del Ministerio de Economía un pago irregular a un pool de aseguradoras extranjeras.

Como sólo fui requerido tangencialmente sobre este tema por periodistas de ese medio y dado el modo “espectacular” en el que me involucra la nota, estimo necesario formular algunas observaciones:

1) Es necesario destacar que los hechos a los que la nota hace referencia y que han sido objeto de denuncia por parte de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas fueron resultado del obrar de funcionarios de segunda línea del Ministerio de Economía de la Nación;

2) Advertido de tales sucesos, junto al entonces ministro de Economía, Miguel Peirano, ordenamos que se iniciara la investigación pertinente y se separara del cargo de subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial al contador Juan Cayetano Intelisano;

3) Al solo efecto de formar mi propia opinión y sin perjuicio del parecer de las áreas legales pertinentes (que habían sido cuestionadas a partir del denominado “Caso Greco”) consulté –a título personal– la opinión técnica de Fabián Musso, a quien no conozco hace treinta años sino de la docencia universitaria dada su condición de profesor de Derecho Penal en la UBA;

4) A partir de la opinión técnica de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, de la decisión administrativa de Eduardo Prina (ex secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía y, hasta ocupar ese cargo, síndico adjunto de la SIGEN que conducía Claudio Moroni) y con el absoluto respaldo de Miguel Peirano y el mío propio se dio inicio a la investigación administrativa de rigor con intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, parecer del que también participó la sindicatura;

5) Es necesario destacar que dar intervención a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (organismo parte del Ministerio Público y de cuya independencia de criterio nadie duda) es igual a dar intervención a un fiscal federal, ya que a ambos la ley les reconoce la titularidad del ejercicio de la acción pública. Siendo así, es inexacto afirmar que el tema se sustrajo a la acción de la Justicia.

6) A su vez, también dispusimos dar intervención a la Unidad de Información Financiera, ante la eventualidad de que pudieran haberse desarrollado acciones vinculadas al lavado de dinero.

Hechas estas aclaraciones, cuya difusión estimo imprescindibles, entiendo que quedará absolutamente manifiesta la corrección de mi proceder.

Convencido de la necesidad de dar cuenta de mis actos públicos y en la certeza de que los mismos deben ser sometidos al correcto análisis de la prensa, confío en que, a partir de lo aquí dicho, no se insista en involucrarme –ni siquiera marginalmente– en un hecho en el que sólo me impliqué reclamando y provocando su investigación administrativa y judicial.

Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete de la Nación