El Ministerio de Economía fue el escenario de un nuevo caso Greco: un grupo de funcionarios autorizó el pago en efectivo de casi 54 millones de pesos por una supuesta deuda de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (CNAS) que tenía más de 20 años y que la Justicia no había reconocido.

Esta presunta estafa, según informa hoy La Nación, concretada hace poco más de un año, es investigada en un sumario interno del Ministerio de Economía y fue el objeto de una denuncia que acaba de presentar en los tribunales el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido. Quedó radicada en el juzgado federal de María Servini de Cubría.

Garrido sostuvo que funcionarios públicos y terceros "pergeñaron una maniobra para realizar una disposición patrimonial absolutamente perjudicial para el Estado". Pero fue aún más lejos: dijo que siguió la ruta del dinero y que fue depositado en distintas cuentas, en operaciones que sólo podrían comprenderse como una maniobra de "lavado de dinero".

Dos de los principales acusados de haber autorizado el pago son Osvaldo Siseles, ex subsecretario legal del Ministerio de Economía nombrado por Roberto Lavagna, y la ex directora de Asuntos Jurídicos de esa cartera Yolanda Eggink, hoy en el Ministerio de Planificación.

Ellos son, además, dos de los cuatro procesados en el caso Greco, donde se los acusa de aprobar una indebida indemnización de más de 600 millones de pesos a un grupo empresario expropiado durante la dictadura.

Otro sospechoso es el ex subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial Cayetano Intelisano, un funcionario de carrera que sigue en el Ministerio de Economía. Fuentes de esa cartera informaron a LA NACION que están tramitando el sumario y que nadie será desplazado hasta que no se determinen las responsabilidades.

En el caso Greco el pago no se efectivizó. En este nuevo caso, en cambio, el pago sí se concretó.

En octubre de 2007 Interlisano aprobó el desembolso de los $53.963.112, más de lo reclamado, según Garrido. Por eso, el fiscal advirtió que era probable que tan "ostensible violación de los deberes" de funcionarios hubiera tenido como contraprestación "alguna comisión, soborno o retorno".

De vieja data

La cuestionada deuda era por contratos que la CNAS habría celebrado entre 1977 y 1982 con reaseguradoras extranjeras. La FIA advirtió que hasta el momento nadie demostró siquiera que hubieran existido esos contratos. Según la denuncia, no se presentaron copias de los documentos y, por ende, no se sabe a qué se obligó la CNAS; no hay datos sobre montos y no se sabe si quienes reclaman están legitimados para hacerlo, ni si las deudas son exigibles o si prescribieron.

Antes de cobrar, representantes de las reaseguradoras habían entablado un proceso judicial. Presentaron una sentencia de un juez inglés que ordenaba el pago de algo más de dos millones de dólares, pero el Estado nacional se opuso y en 2003 un juez argentino "dictó sentencia desconociendo fuerza ejecutoria" de la resolución extranjera. Esa decisión fue confirmada por la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.

Lo llamativo es que se pagó sin intentar una negociación, denunció la FIA. "Conforme al estado de avance de esta investigación preliminar -afirmó Garrido- corresponde inferir con un grado de sospecha suficiente una connivencia entre funcionarios públicos y terceros destinada a cobrar ilegítimamente una suma de dinero en efectivo para luego desplegar una compleja trama de ?atomización´ de las sumas".

La denuncia recuerda que, cuando se presentaron a cobrar, los demandantes reclamaron sólo $11 millones, "cifra por demás interesante puesto que partiendo de esta base de cálculo, realizada por el principal interesado, tampoco se llega a la cifra pagada".

En diálogo con LA NACION, Siseles negó cualquier relación con el caso: "Yo siempre dije que no se pagara y durante mi gestión no se pagó ninguno de esos reclamos. Teníamos orden expresa del ministro Roberto Lavagna. Si después se pagó, no lo sé. Yo me fui en junio de 2006". Después, Siseles fue contratado por el Instituto de la Vivienda de la ciudad, ya durante la gestión de Mauricio Macri. Allí se desempeñó hasta agosto de 2008.

Cuando Siseles se fue del ministerio lo reemplazó Alejandra Taddei. Ella dio intervención a técnicos que observaron la suma que se pretendía pagar. Interlisano envió el expediente al Instituto Nacional de Reaseguros (Inder), a su cargo. Según la denuncia, el trámite estuvo parado ahí ocho meses, el tiempo para que la nueva ley de presupuesto incluyera una reforma que iba a permitir que el pago se aprobara directo desde el Inder.

El 5 de diciembre 2007, cuando Economía descubrió las irregularidades, hacía ya un mes y diez días que se había ordenado el pago de los casi 54 millones. No pudieron ser recuperados.