En los últimos meses, la campaña electoral ha dejado el trágico saldo de cinco dirigentes políticos asesinados: tres candidatos y dos precandidatos. Y aunque los fríos números indiquen que la cantidad de crímenes se mantengan en los níveles "históricos", los especialistas aseguran que podría haber un giro en el modo de ataque hacia la dirigencia política.

En las últimas semanas los crímenes demostraron que no hay distinción por región ni por partido político. La precandidata del PRD a presidenta municipal de Ahuacuotzingo, Aidé Nava González, fue decapitada en Guerrero y a su lado fue dejado un narcomensaje: "Esto le va pasar a todos los putos políticos que no se quieran alinear".

Menos de un mes antes fue asesinado su compañero de partido Carlos Martínez Villavicencio, precandidato del PRD a diputado federal. Lo mataron en una carretera de Oaxaca.

El PRI también sufriría apenas dos semanas más tarde un ataque en ese mismo estado, el convulsionado Guerrero, cuando un comando interceptó la camioneta donde viajaba Ulises Fabián Quiroz -candidato a la alcaldía de Chilapa- y lo acribilló frente a la mirada de sus colaboradores.

En las últimas horas, dos crímenes volvieron a enlutar a dos estados: en Tabasco, el candidato priista a noveno regidor del municipio de Huimanguillo, Héctor López Cruz, fue ejecutado en la puerta de su domicilio. Y en Michoacán, se sumó el asesinato de Enrique Hernández Salcedo, candidato por Morena a la alcaldía del municipio de Yurécuaro.

Cuando se contrasta con la historia reciente, pareciera que hay una continuidad o incluso una merma. Las estadísticas indican que fueron 24 los candidatos asesinados en los procesos electorales realizados entre 2008 y 2013 -en ese lapso hubo dos comicios federales y 84 locales-. Del total, seis fueron en 2008, dos en 2009, tres entre 2010 y 2011, ocho en 2012 y cinco en 2013.

"Analizando el escenario a tres semanas de la jornada electoral, y comparando con elecciones pasadas se podría decir que hubo igual o menos violencia. Pero los últimos tres casos fueron muy violentos. Y acaso el último asesinato, el de Hernández sea el más complejo y podría estar dando una señal sobre el accionar de los grupos criminales", explicó a La Política Online Juan Salgado, especialista en seguridad y profesor de la división de estudios jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Según el experto, el asesinato del candidato en Michoacán es complejo por dos motivos. Primero porque se trata de una persona ligada a las autodefensas, que son grupos con una diversidad muy grande, desde grupos indígenas y campesinos que legítimamente defienden sus tierras, hasta grupos delincuentes que transitan hacia las autodefensas por divisiones internas y demás.

"No hay respuestas fáciles. Morena está hablando de un crimen de Estado, responsabilizando directamente a Los Pinos, planteando que esto es consecuencia de una mala gestión de Castillo en Michoacán. En un clima de acoso a las autodefensas, o de intento de desarme, es una de las hipótesis. Por supuesto no hay elementos fácticos para probarlo", argumentó Salgado.

Otra línea de investigación, según el académico, sería el posible ajuste de cuentas con algún grupo de la delincuecia organizada, teniendo en cuenta que era un líder social, al que le habría sucedido esto porque ponía en entredicho negocios de grupos criminales. "Buena parte de estos grupos de autodefensas ha tenido fuego cruzado con el crimen. Pero, de nuevo, no tenemos verdad jurídica ni histórica todavía", insitió.

Fue el propo Martí Batrés planteó una tercera vía: la delincuencia está tratando de inhibir la participación ciudadanía. Ese planteo vincula el asesinato también a una hipótesis política, porque el temo en la ciudadanía beneficiaría -según esta denuncia- a los partidos con más estructura: el PRI, el PAN y el PRD.

Asesinatos visibles

Aunque no hay imágenes del crimen, se ha confirmado que el comando armado ha disparado y asesinado al candidato en público, mientras daba un discurso durante un mitin. Para Salgado, "podría tratarse de un nuevo patrón delictivo".

"Hasta ahora había cierto cuidado -si cabe esa definición para un crimen-, secuestraban en la noche, en operativos menos expuestos. Asesinar a un candidato siempre es grave, no hace falta aclararlo, pero que sea a la vista de todos o en una plaza pública puede llevar a un proceso de normalización muy peligroso", aclaró.

En ese sentido, el especialista consideró que en términos de gobernabilidad es mucho más grave, porque se trata de un reto mayúsculo a las autoridades. En actos públicos, las fuerzas públicas están cerca. Y eso quiere decir que ya no buscan ese "reparo", sino que se conozco ese desafío.

"La delicuencia organizada siempre busca enviar mensajes y opera también en términos simbólicos. Este tipo de asesinatos dejan una huella en torno a su capacidad de daño y de impunidad", concluyó Salgado.