Organizar fiestas privadas en locales y viviendas particulares en Madrid puede costar muy caro. La Delegación del Gobierno de Madrid ha estipulado esta conducta como una infracción grave, al acarrear un acto de desobediencia que además pone en peligro la salud pública. Por ese motivo, aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana, las multas para los ciudadanos que convoquen o asistan a este tipo de reuniones oscilarán entre los 601 euros y los 30.000, tal y como establece el artículo 39 b) de la la citada ley

Así lo aseguran a LPO altos mandos policiales, que confirman la cifra de 200 fiestas clandestinas detectadas en la Comunidad durante los cuatro días que ha durado el puente del Doce de Octubre, y una vez aplicado el estado de alarma el pasado viernes. Todos los participantes en este tipo de reuniones, afirman, "se están saltando el propio estado de alarma y las medidas de alejamiento aprobadas anteriormente". Y, por tanto, y en cumplimiento del decreto aprobado por el Gobierno, "se les puede aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana".

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Sobre las instrucciones realizadas por Interior a Policía y Guardia Civil tras la aprobación del estado de alarma, las mismas fuentes explican que, simplemente, se realizó una orden general de servicio: "Se trasladó que hay un Real Decreto, y que hay que garantizar su cumplimiento". En cuanto al despliegue, desde el Cuerpo Nacional confirma que fueron movilizados los antidisturbios de la UIP de Madrid, y que se recibieron refuerzos de otras unidades.

Una situación similar se vivió en la Guardia Civil, con la movilización de los agentes de diferentes Grupos de Reserva y Seguridad (GRS). En concreto, además del GRS número 1, situado en la localidad madrileña de Valdemoro, fueron movilizados guardias del GRS de Sevilla, de Pontevedra y de Zaragoza.