Pedro Sánchez designó a la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva Fiscal General del Estado y en la oposición y sectores judiciales sospechan que puede tratarse de una parte de la estrategia para "desjudicializar el procés" y promover al indulto a los independentistas catalanes.

La maniobra de Sánchez ha sorprendido a propios y extraños y ya está provocando una gran división interna, tanto entre las asociaciones de fiscales como en los propios magistrados que trabajan en el Ministerio Fiscal. Así, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha asegurado que el nombramiento "no nos parece adecuado" y que todo hace indicar que "la Fiscalía queda sometida al Gobierno". Enseguida muchos recordaron unas declaraciones del presidente, de las que luego se retractó, en las que preguntó "¿de quién depende la Fiscalía?".

LPO España habló con ex fiscales generales, fiscales jefes y otros magistrados con cargo en la Fiscalía General, y todos coinciden en que hay un "gran revuelo" por esta decisión de Sánchez. En primer lugar, existe el debate sobre el propio nombramiento como Fiscal de una ex ministra de Justicia. Los críticos afirman que es un "hecho sin precedentes" que pone en cuestión la independencia del organismo. Otros magistrados más próximos al Gobierno responden que en Francia "el ministro de Justicia es también fiscal general y no pasa nada". 

Las posiciones más encontradas se dan a la hora de analizar el papel que adoptará Delgado en esta nueva etapa. Sus defensores aseguran que "lo hará bien", sobre todo en "la lucha anticorrupción". No obstante, los fiscales contrarios a su nombramiento alertan que la llegada de la ex ministra a la Fiscalía General tiene un objetivo concreto: "desjudicializar el procés de Cataluña y sacar a los condenados a la calle".

Recuerdan, en este sentido, que la Fiscalía se debe pronunciar si hay recurso al Supremo contra los permisos penitenciarios de los que puedan disfrutar Oriol Junqueras y el resto de políticos presos. "Hasta ahora, la Fiscalía se ha pronunciado en contra de todas las peticiones. Pero sospechamos que ahora se va a convertir en una nueva Abogacía del Estado favorable a las tesis de Junqueras y compañía", dicen.

Los permisos penitenciarios, sin embargo, son casi "asunto menor" si se comparan con los posibles indultos a los condenados por el referéndum independentista. Unos indultos, recuerdan, que puede impulsar la propia Dolores Delgado. En ese sentido, las fuentes consultadas destacan que " pueden promover el indulto el Tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo; el Ministerio Fiscal; el Juez de Vigilancia Penitenciaria y el Gobierno".

La hoja de ruta, añaden, está clara: "El Gobierno se verá legitimado para aprobar el indulto en Consejo de Ministros si cuenta con informes favorables. Es obvio que los jueces de vigilancia penitenciaria de las cárceles catalanas se manifestarán a favor, pero si también lo hace el Ministerio Fiscal, con Dolores Delgado al frente... el indulto será un hecho".

Oriol Junqueras

Télam/AFP

La prueba de fuego para Delgado se dará inmediatamente. La fiscal general deberá decidir si recurre o no la libertad de  Jordi Sànchez y  Jordi Cuixart, después de que este martes sus letrados soliciten los permisos de salida tras cumplir una cuarta parte de la condena de nueve años a los que fueron condenados por el Tribunal Supremo. 

Durante el mandato de Delgado, el Gobierno obligó a la Abogacía del Estado a cambiar su calificación jurídica en el juicio del procés, pasando de rebelión a sedición, delitos por el que fueron condenados.

Ahora, los independentistas condenados podrán gozar de estos permisos si la Fiscalía no recurre. Allí estarán puestos los ojos de la oposición para criticar la posible 'inacción' y asociarlo al pacto de investidura que fraguó el PSOE con los catalanes de ERC.